Finalmente se postergó, por el término de 8 días, el tratamiento del proyecto de ley “Que establece el régimen de subasta de vehículos abandonados”, que figuraba en el punto 10 del Orden del Día de la última sesión de la Cámara de Diputados.


Se trata de un proyecto que busca regular el procedimiento para declarar el abandono administrativo de estos rodados y, en consecuencia, establecer un destino provechoso de aquellas unidades que pudieran serles útiles al Estado o a instituciones de bien común.

Entre otras cosas, la normativa, pretende subastar los vehículos que normalmente se encuentran amontonados en sedes de la Patrulla Caminera, municipalidades, recintos aduaneros, calles vecinales o predios de la Policía Nacional.

El documento, presentado por los diputados Eber Ovelar (ANR-Caaguazú), José María Ibáñez (ANR-Central), César Ariel Oviedo (ANR-Central), Bernardo Villalba (ANR-Concepción) y Ricardo González (PEN-Central), dispone que lo recaudado por la subasta o venta de estos vehículos sea distribuido de la siguiente manera: 50% para el financiamiento de programas de acción del Hospital de Trauma y, 50% para la autoridad de aplicación de este marco jurídico.

Según la exposición de motivos, esta regulación no supone una injerencia en el ámbito de actuación de otras leyes, pues se deja expresamente a salvo a aquellos bienes afectados a procesos judiciales (comiso, medidas cautelares, restitución, etc.), lo mismo que aquellos que se encuentran en trámite sumarial con intervención de los afectados, pues todas estas disposiciones regulan supuestos de intervención de parte afectada.

La propuesta se refiere únicamente a aquellos rodados “abandonados”, sostienen los proyectistas.