El caso obliga a la provincia de Salta a eliminar un decreto prohibía las intervenciones pasadas las 12 semanas de gestación


Movilización en la presentación del proyecto sobre el aborto en Diputados. Fotos Alfredo Martinez

El ruido de los debates parlamentarios, aquellos de donde salen las leyes, en ocasiones silencia las historias que importa contar. Mientras el Congreso argentino discute una ley para despenalizar el aborto, el caso de una niña de 10 años violada y embarazada por su padrastro se ha colado en la agenda y provocado, incluso, la derogación de un decreto provincial.

La menor visitó junto a su madre el hospital infantil de Salta porque le dolía el estómago. Cuando los médicos descubrieron que la molestia era producto de un embarazo de 19 semanas, la niña contó que la pareja de su mamá la había violado. La ley argentina permite el aborto sólo en casos de violación y cuando corre riesgo la salud de la madre, no importa el tiempo de gestación transcurrido, dos premisas que en este caso se cumplían. Pero la niña chocó con una ley de 2012 que sólo rige en su provincia y que limita el aborto a las 12 semanas de gestación. Fue tal el revuelo que el gobernador, el peronista Juan Manuel Urtubey, se vio obligado a derogar lo que él mismo había firmado cinco años atrás.

El caso de la menor puso en evidencia la complejidad del debate sobre el aborto que se desarrolla en el Congreso en Buenos Aires. A amplios sectores progresistas que defienden el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo se oponen otros igual de importantes que salieron a las calles para exigir del derecho a la vida del feto por nacer. El caso de la niña se coló en medio. La menor está fuera del plazo legal sólo porque le tocó nacer en Salta, al norte del país, una de las provincias más conservadoras de Argentina y donde la Iglesia católica tiene aún una influencia muy importante.

Obligado por el debate público, el Gobierno de Salta aclaró mediante un comunicado que la niña y su madre “informaron su voluntad, en un acta rubricada, de continuar con el embarazo”. Pero la decisión familiar se produjo luego de la aplicación de un protocolo que también es una particularidad salteña.Según un fallo de la Corte Suprema, basta con que la víctima diga que fue violada para que se aplique su derecho al aborto. En Salta, en cambio, interviene un equipo de psicólogos, una instancia que los grupos proaborto legal ven como una coartada para ganar tiempo (o perderlo, en el caso de la víctima) y, en el mejor de los casos, convencer a las futuras madres de que den a luz.

“Por un lado está el decreto y por otro el protocolo del Materno Infantil, que fija una asistencia psicológica. Tutelan a las mujeres que deciden hacer un aborto como si la situación no fuera suficientemente traumática, y como si no pudiera decidir individualmente. Es llamativo que haya un gran número de mujeres que desistan luego de esta consulta”, dijo una asesora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, la antropóloga Andrea Flores, al El Tribuno de Salta.

El tiempo es la clave del problema: en casos de violaciones intrafamiliares las víctimas embarazadas se demoran en hablar y el caso se hace público cuando ya el cuerpo lo vuelve indisimulable. Y eso sucede pasadas las 12 semanas. “El plazo es totalmente inviable, es una restricción más”, dijo la presidenta del Observatorio, Laura Postiglione.

El debate sobre el aborto legal ha vuelto a la sociedad argentina especialmente sensible al tema. Por eso el caso de la niña salteña mereció toda la atención de los grupos que defienden la legalización del aborto. Tanto que, finalmente, el gobernador Urtubey debió revocar este mismo viernes su decreto, el mismo que hace cinco años había pasado totalmente desapercibido. La subsecretaria de Género de Salta, Rosaura Gareca, dijo que “la madre y la niña serán informadas de que ya no hay impedimentos legales” para que los médicos practiquen un aborto. La duda es ahora saber hasta donde podrán tomar una decisión sin presiones en medio de semejante tensión política.