En 2005, 2006 y 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado paraguayo por haber violado los derechos a la propiedad tradicional, a la identidad cultural y la vida digna de las comunidades Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek del Chaco paraguayo.


Además le responsabilizó de la muerte de 32 personas de estas comunidades, en su mayoría niñas y niños, que fueron determinadas por las condiciones de vulneración de derechos.

Desde entonces los sucesivos gobiernos paraguayos dilatan la ejecución integral de las medidas de reparación emergentes, como la restitución de tierras; programas de desarrollo comunitario; estrategias específicas en educación, salud, comunicación, alimentación, vivienda y registro civil; difusión de los fallos…
Mario Abdo Benìtez, que asumirá en agosto, será el quinto presidente paraguayo al que estas comunidades exigen el cumplimiento de las sentencias para recuperar sus tierras tradicionales y sus derechos.

“Este nuevo gobierno asume la responsabilidad y esperamos que haga un giro en el patrón violatorio que viene teniendo el Estado. Eso lo puede hacer dando cumplimiento a estas sentencias”, dijo Paniagua, coordinador de Tierraviva, institución que acompañó jurídicamente a las comunidades ante la Corte IDH.

 

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