Con el acuerdo de préstamo por 50.000 millones de dólares anunciado hoy, Argentina abre un nuevo capítulo de su compleja relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un vínculo de seis décadas no exento de tensiones.


Desde el ingreso de Argentina al organismo multilateral, en 1956, hasta 2006, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner pagó toda la deuda con el FMI para “ganar independencia”, el país suramericano estuvo 38 años bajo acuerdos con el Fondo y lo que debió ser una excepcionalidad para tiempos de sobresaltos económicos se convirtió casi en norma.

Ello implicó que los argentinos se acostumbraran a las permanentes negociaciones con el FMI para acuerdos que siempre han incluido condiciones que, para gran parte de la población, han sido sinónimo de imposiciones de “ajuste salvaje”.

A poco de incorporarse al organismo, Argentina obtuvo su primer crédito, por 75 millones de dólares.

Los primeros cortocircuitos con el FMI surgieron durante la Presidencia de Arturo Illia, luego de la crisis económica de 1962-1963, pero el golpe militar de Juan Carlos Onganía en 1966 puso fin a las discrepancias y se aplicó un nuevo plan de estabilización.

El gobierno peronista que llegó al poder en 1973 cuestionó la permanencia argentina en el FMI, pero mantuvo relaciones, hasta que la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 fortaleció nuevamente las relaciones con el organismo.

Ya en la década de 1990, durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y la llegada de la convertibilidad entre el peso y el dólar, la relación se estrechó y Argentina se convirtió para el FMI en el mejor ejemplo de la aplicación de sus recetas de apertura económica.

Pero el “modelo argentino” comenzó a hacer aguas. En 2000, durante el Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), se acordó un nuevo préstamo a cambio de un fuerte ajuste fiscal y orientado a sostener el régimen de convertibilidad, que finalmente feneció a inicios de 2002, en medio de una de las peores crisis que recuerde el país.

En enero de 2003, Argentina firmó con el FMI un programa de reprogramación de deudas por 16.112 millones de dólares.

En septiembre de ese mismo año, con Kirchner ya en la Presidencia, se firmó con el FMI un nuevo programa de refinanciación, pero en 2004 el Ejecutivo lo dio por suspendido al considerar que su tensa relación con el Fondo interferiría en la negociación con los acreedores privados para reestructurar bonos en mora desde finales de 2001 por 102.000 millones de dólares.

El canje con los acreedores privados finalmente se concretó en junio de 2005, una “victoria” que Kirchner capitalizó para adoptar en enero de 2006 la decisión de cancelar en un solo pago toda la deuda con el FMI, por un total de 9.500 millones de dólares.

Kirchner justificó entonces que, con ese paso, Argentina ganaba “grados de libertad para la toma de decisiones” que le permitirán “marchar hacia el futuro sin imposiciones, con autonomía y tranquilidad, sin urgencias impuestas ni presiones indebidas”.

Tras esa cancelación, durante los gobiernos de Kirchner y Cristina Fernández (2007-2015) Argentina no se sometió a las revisiones anuales de su economía por parte del FMI, muchas veces incómodas para el Gobierno.

Fueron diez años sin estas auditorías que solo se retomaron en septiembre de 2016, casi un año después de la llegada del conservador Mauricio Macri a la Casa Rosada, quien justificó la búsqueda de un nuevo paquete de ayuda del FMI para “fortalecer” su “programa de crecimiento” y evitar “crisis” como las muchas que ha vivido Argentina.

Fuente: Natalia Kidd – EFE