El Gobierno de Nicolás Maduro rechazó hoy, al considerar "arbitrario" y "politizado", el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) que sugiere una intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) ante los graves abusos cometidos y la impunidad generalizada en Venezuela.


La Cancillería venezolana publicó un comunicado en el que descalificó el informe al señalar que es el “resultado de una metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y rigor técnico exigido a una Oficina de esa naturaleza y vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad”.

Indicó que el informe “constituye un acto arbitrario” que “usurpa las atribuciones que corresponden a otros órganos” de la organización.

Asimismo, señaló que el Alto Comisionado, “en su marcada obsesión contra Venezuela”, omite “deliberadamente” actuaciones y conclusiones de “procedimientos especiales del propio Consejo de Derechos Humanos, que desmontan las calumnias del reciente y politizado informe”.

En ese sentido, señaló que entre lo que ignora está las conclusiones del experto independiente del Consejo de Derechos Humanos Alfred De Zayas y el relator sobre el Impacto Negativo de las Medidas Coercitivas Unilaterales sobre el disfrute de los Derechos Humanos, Idriss Jazairy.

“Toda la información oficial que el Gobierno Bolivariano ha suministrado, ha sido intencionalmente descartada (…) con el objeto de construir una grotesca farsa mediática en esta materia, en alianza con otros actores multilaterales al servicio” de Estados Unidos, agregó el texto.

Así, el Gobierno venezolano aseguró que el alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, se hace cómplice de “la agresión multiforme que está en marcha contra Venezuela”, al no decir nada sobre las sanciones económicas que otros gobiernos han impuesto a Caracas en los últimos meses.

Para la Administración de Maduro este informe es “una evidencia más del absoluto menosprecio por la institucionalidad” que, a su juicio, ha “caracterizado al señor” Al Hussein, a quien las autoridades del país caribeño le han negado el acceso.

El de hoy es el segundo informe a distancia que presenta el alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, y en el que son denunciados cientos de homicidios, presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad.

Concretamente, el informe documenta las presuntas ejecuciones sumarias de al menos 505 personas a manos de las fuerzas de seguridad con un mismo patrón: incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a los “criminales” sin orden judicial y manipulación del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes fueron el resultado de intercambios de disparos.

Las denuncias presentadas en este informe son para el Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, un “reconocimiento” a la “violación sistemática” de las libertades civiles en la nación suramericana.

“Es un reconocimiento de cómo la situación de violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela se ha agravado exponencialmente (…), este informe es de suma gravedad”, dijo a Efe el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el opositor Francisco Sucre.

“Demuestra lo que hemos venido denunciando (…), que parece que en Venezuela es política de Estado la violación permanente de los derechos humanos”, añadió.

Insistió en que los venezolanos han sido sometidos “a las peores violaciones” de derechos humanos, por lo que, dijo, que se hace imprescindible “una investigación urgente” para que cesen estos hechos.

En la misma línea se pronunció la parlamentaria Delsa Solórzano, jefa del despacho de Política Interior de la AN, al señalar que es “imprescindible” que la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, haga una inspección presencial a Venezuela y compruebe las graves denuncias del informe.

“Ese informe de la ONU es fundamental, porque en efecto demuestra que no hay posibilidad alguna de hacer justicia en Venezuela”, aseveró.

Fuente: EFE