Ciudadanos paraguayos, comercios y restaurantes llevan días mostrando su rechazo al diputado colorado José María Ibáñez, quien admitió ante la Justicia que los cuidadores de una propiedad suya aparecían como parte de la nómina de la Cámara Baja.


Las protestas se sucederán hoy con una manifestación convocada por los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), prevista para las 18.00 horas frente al Congreso Nacional.

Hasta ahora, varios centros comerciales de Asunción y alrededores le han prohibido la entrada, y el veto se hace extensivo a grupos de restauración y cadenas de tiendas que se han acogido al derecho de admisión en sus instalaciones y le han declarado persona no grata.

La sociedad paraguaya se levanta así contra la corrupción y la impunidad, como señalan los comerciantes que han adoptado estas medidas.

Además, el Club Centenario, un centro social que reúne a la alta sociedad paraguaya, sigue recogiendo firmas para expulsar a Ibáñez de sus miembros.

Incluso algunos integrantes de la Gran Logia Simbólica del Paraguay solicitaron a su superior que el diputado sea expulsado de la organización masónica.

A estas medidas se suman las actuaciones ciudadanas, con escraches delante de la casa de Ibáñez y de algunos de los diputados que con su voto permitieron mantener al diputado en la Cámara Baja.

El pasado miércoles, la Cámara de Diputados trató el pedido de pérdida de investidura, una votación en la que Ibáñez se salvo gracias a las abstenciones de 42 diputados y solo 27 votos a favor de apartarle del Congreso, muy lejos de los 53 requeridos para ese fin.

Esa decisión fue criticada por el Club de Ejecutivos de Paraguay, que a través de un comunicado expresó “su enorme decepción y preocupación” por la actuación de los diputados.

La indignación hacia Ibáñez se debe al caso de los “caseros de oro”, como se conoce popularmente en el país, y se remonta al año 2013, cuando la prensa forzó al Poder Legislativo a publicar los nombres y sueldos de sus funcionarios, lo que reveló la contratación por parte de parlamentarios de familiares y allegados.

Los datos desvelados sirvieron para conocer que Ibáñez pagaba a cada uno de los tres cuidadores a su servicio 2,5 millones de guaraníes (435 dólares actuales) a través del Congreso.

Sin embargo, los tres empleados solo recibían 500.000 guaraníes (87 dólares) y el resto se ingresaba en la cuenta de la mujer de Ibáñez, Lorena Plabst.

El congresista reconoció los hechos y propuso una donación de 200 millones de guaraníes (34.800 dólares) a varios hospitales públicos a modo de reparación.

La Justicia aprobó esa oferta y la Fiscalía no puso obstáculos, por lo que Ibáñez, acusado de estafa, quedó impune y se libró de una pena de entre cinco y siete años de cárcel.

El resultado de ese proceso judicial fue utilizado hoy por Ibáñez a la hora de defender su oposición a la pérdida de investidura.

Fuente: EFE