La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) exigió al Estado paraguayo que cumpla con el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU que en 2012 instó al país a esclarecer y resarcir a dos manifestantes víctimas de ejecuciones y torturas por parte de la policía entre 1994 y 2003.


Con la campaña “Yo protesto, Paraguay” lanzada hoy, Codehupy busca presionar al Estado para que cumpla el mandato de la ONU y hace extensiva esa petición al Poder Ejecutivo, la Policía, y el Ministerio Público, según informó la organización en un comunicado.

Codehupy criticó que en el país domina la “concepción” de que cualquier forma de protesta social es “una potencial amenaza a la seguridad y al orden público”, y no “la idea de que son una manifestación legítima del ejercicio de un derecho”.

En concreto con la campaña buscan que las instituciones reparen a los familiares de Eulalio Blanco, que falleció por una bala de la policía mientras permanecía arrodillado y con los brazos en alto durante una protesta en Santa Rosa del Aguaray (centro) en 2003 y a Ernesto Benítez, torturado en la misma protesta.

Ambos casos quedaron impunes en Paraguay porque el Ministerio Público y la Justicia entorpecieron y malograron las investigaciones, según Codehupy, por lo que fueron recurridos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en 2012 responsabilizó al Estado de la muerte de Blanco y de las torturas a Benítez, así como de la falta de una investigación eficiente.

La ONU pidió a Paraguay en aquella ocasión la reapertura de las causas a partir de una nueva “investigación imparcial, efectiva y completa” y el procesamiento de los agentes responsables, acto que corresponde al Ministerio Público y que, critica Codehupy, sigue sin cumplir.

Benítez, que acudió al lanzamiento de la campaña, consideró que el reconocimiento, por parte del Estado, de su responsabilidad, sentaría un precedente para otros casos similares e implicaría que “no vuelva a hacer lo mismo”.

Así mismo, Codehupy reclama igual reparación para el caso de Sebastián Larroza, un joven de 18 años, asesinado por la policía durante una huelga general en 1994 y que actualmente, tras quedar impune en Paraguay, permanece a la espera del dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: EFE