El espionaje en democracia por parte de militares que conformaron la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985) fue "comprobado" por la comisión parlamentaria encargada del estudio del caso, dijo hoy a Efe el diputado de coalición de izquierdas oficialista, el Frente Amplio (FA), Gerardo Núñez.


Además, la Cámara de Representantes resolvió este lunes remitir a la Fiscalía General de la Nación las actuaciones de dicha comisión, que investigó posibles actos de inteligencia de Estado, “como consecuencia de haber detectado hechos de naturaleza delictiva”.

“Las conclusiones son muy claras, el informe que hoy se considera en la Cámara de Diputados, presentado por la Comisión investigadora, fue elaborado por todos los partidos políticos y plantea el reconocimiento de todas las acciones de espionaje ilegal en democracia”, sostuvo Núñez.

Las sospechas de la práctica de espionaje militar en el país suramericano surgieron a partir de la circulación de unos 14.000 archivos militares publicados por el semanario local Brecha en 2015.

Estos formaban parte de un cúmulo de unos tres millones de documentos ubicados en la ex Escuela de Inteligencia del Ejército, cuya incautación y digitalización fueron ordenadas en el 2007 por la entonces ministra de Defensa, Azucena Berrutti (2005-2008).

En concreto, los archivos publicados por el semanario comprobarían el espionaje realizado por los militares desde 1987 a 1999 contra partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales.

“La primera recomendación que hemos realizado al cuerpo del Parlamento es que todas las actuaciones de la comisión investigadora pasen a la Justicia porque hay hechos delictivos”, aseguró el diputado.

Para Núñez, el uso de recursos estatales de parte de inteligencia militar para realizar desde escuchas telefónicas hasta infiltraciones de espías en las organizaciones sociales “violó los derechos” de toda la sociedad uruguaya.

“Son prácticas que son condenables y que violaron todos los derechos que nosotros tenemos a nivel constitucional y legal”, subrayó.

En este sentido, el diputado aseguró que espera que “todo el sistema político repudie estas actividades delictivas”.

Los diputados uruguayos Luis Puig y Gerardo Núñez, quienes conformaron la comisión investigadora desde sus inicios, también participaron hoy en un acto en la sede central la asociación de expresos políticos Crysol, en el que repasaron las principales conclusiones de este trabajo, cuyo informe final fue presentado este miércoles ante la Cámara de Diputados. EFE