En una edición especial del programa ‘Made in Paraguay’ realizado desde el asentamiento 15 de junio de Marina Kue, Leo Rubin junto a los campesinos y campesinas víctimas de la Masacre, rememoraron el Caso Curuguaty a seis años del suceso.


Por César Steven Chávez

Tras la resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que hizo lugar al recurso de casación y que aprobó revocar la condena a los 11 campesinos sentenciados por el Caso Curuguaty, hoy les toca ver la vida desde la libertad y con la intención de reconstruir la historia de lo sucedido en la Masacre desde su versión, la de los campesinos.

El principal cuestionamiento que realizan los campesinos es que durante el juicio por el conocido como Caso Curuguaty, las muertes de los campesinos no fueron investigadas por el Ministerio Público. Martina Paredes, hermana de dos campesinos asesinados, cuestiona que en un primer momento se sostuvo desde fuentes policiales que ninguno de los agentes intervinientes portaba armas, lo que luego fue desmentido a través de fotografías que demostraron que utilizaron armas automáticas y que varios de los abatidos pudieron haber sido asesinados en manos de los policías, sin embargo esto no fue abordado en el juicio.

Otra crítica al proceso encabezado, en un primer momento por el fiscal Jalil Rachid, es que de los 400 policías que debieron realizar un allanamiento y no el desalojo que dio como resultado la masacre, ninguno fue investigado por la intervención irregular que dejó como saldo 17 paraguayos muertos.

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“Somos un pueblo de memoria corta. Lo sucedido en Curuguaty es algo inolvidable porque dejó secuelas dentro de las familias y de la comunidad campesina que exigía un derecho constitucional que es el acceso a la tierra”, lamentó Martina.

Refiere que hasta el momento se les fueron negados a los familiares los pedidos de estudios de autopsia de los cuerpos para determinar cómo murieron y con qué tipo de armamentos fueron asesinadas las 17 personas.

María Estela Garcete, una auxiliar en enfermería que se encargó de escabullirse entre los agentes intervinientes y el personal de blanco que llegó hasta el lugar, recordó que horas después de la masacre solo se les era permitió asistir a los policías heridos, no así a los campesinos.

“Umía hasy del alma ñahendu umi órden eñeme’e entre paraguayos” (duele en el alma escuchar que se dé esta clase de órdenes entre paraguayos), decía acongojadamente María Estela.

Por su parte Rubén Villalba, uno de los campesinos absueltos, recuerda la huelga de hambre que tuvieron que realizar en el 2014 junto a los otros acusados para esperar el juicio oral en libertad, ya que estuvieron recluidos en Tacumbú un año y ocho meses sin pruebas sustentables de la acusación.

“Nosotros tuvimos que realizar eso para que la ciudadanía pueda saber lo que sucedía con nosotros (…). Nos acusaban de asesinos sin ninguna prueba”, aseveró Villalba.

En ese sentido Leo Rubin, con años en el ámbito de la comunicación, recordó que “se empezó a presentar en la prensa de una forma espantosa un escenario donde se les culpaba a los campesinos y algunos inclusive decían que estaban adiestrados por el EPP. Que esto era un plan ejecutado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo”.

“Así les trataban. Así le presentaban a ustedes”, cuestionó.

Absolución de los campesinos de Marina Kue

En julio de este año la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de casación y revocó la condena a los 11 campesinos sentenciados por el Caso Curuguaty. Los cuatro hombres que seguían recluidos en Tacumbú, Rubén Villalba condenado a 30 años de cárcel, Luis Olmedo con una pena de 20 años, Néstor Castro con 18 años al igual que Arnaldo Quintana obtuvieron su libertad.

Las otras personas condenadas que ya se encontraban en libertad y que también fueron beneficiadas son María Fani Olmedo, Lucía Agüero y Dolores López, quienes fueron sentenciadas a seis años de prisión y Juan Carlos Tillería, Alcides Ramón Ramírez, Aldalberto Castro y Felipe Benítez Balmori, que recibieron una sentencia de cuatro años.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados manifestó en agosto a la Corte Suprema de Justicia que analizaría los 40 tomos del expediente de la Masacre de Curuguaty, para determinar la conducta de los jueces y fiscales que intervinieron en la causa. Esto ante la presunción de negligencia en el proceso que derivó en la sentencia de los campesinos.

Por su parte el juez Emiliano Rolón, quien integró la Sala Penal que absolvió a los campesinos, el Ministerio Público simplemente “escogió” a un grupo de personas para acusarlas por la masacre de Curuguaty y aplicar una “sanción ejemplificadora”.

La caída del gobierno de Lugo como resultado político de la Masacre

Tras el tiroteo murieron 17 personas, once campesinos y seis policías. El hecho derivó en la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, por la vía del Juicio Político. Por lo que Martina Paredes sostiene la hipótesis de que un grupo de parlamentarios que buscaban la caída del gobierno democrático del exobispo de San Pedro orquestaron un plan que desembocó en la mayor masacre por la lucha por la tierra en Paraguay.

Para las elecciones del año 2013 el Partido Colorado con Horacio Cartes a la cabeza tuvo el camino allanado para hacerse con la Presidencia de la República, esto tras la caída de Fernando Lugo y el quiebre que esto significó con su aliado principal, el Partido Liberal.

Siguen explotando las tierras del Estado

Los campesinos que se encuentran en el asentamiento 15 de junio de Marina kue denuncian que se siguen “explotando y usufructuando tierras pertenecientes al Estado”.

Aun cuando las 2 mil hectáreas aparecen en el registro público como parte del proyecto de reforma agraria cedidas al Indert en el 2004 por el entonces presidente de la República Nicanor Duarte Frutos, los campesinos aseguran que gran parte son deforestadas para el pastaje de ganado y la plantación de soja.

Mártires de Marina Kue

El 28 de febrero del 2017 fue inaugurada la escuela “Mártires de Marina Kue” dentro del asentamiento que brinda la oportunidad a niños y niñas de poder estudiar dentro de su comunidad campesina.

Cuentan desde el preescolar al sexto grado y con la autorización de la Supervisión de la Región, buscan de fortalecer la organización y formación de sus hijos.

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