Una cautelar dictada hoy por una jueza de la Corte Suprema anuló hoy una polémica decisión de la justicia electoral, que ordenó retirar toda propaganda política de las universidades publicas de cara a los comicios de este domingo.


La decisión fue tomada por la magistrada Carmen Lucia Antunes, quien consideró que “el proceso electoral, en el Estado democrático, se fundamenta en los principios de la libertad de manifestación del pensamiento, de la libertad de información, enseñanza y aprendizaje y de opciones políticas”.

Añadió que “en perfecta compatibilidad” con esas libertades, se impone el respeto “al principio, constitucionalmente adoptado, de la autonomía universitaria”.

Durante la última semana, por órdenes de tribunales regionales electorales, fiscales de esas cortes ingresaron en diversas universidades públicas para retirar materiales de campaña de cara a la segunda vuelta de las elecciones que este domingo disputarán el ultraderechista Jair Bolsonaro y el progresista Fernando Haddad.

La mayor parte de ese material contenía ataques a Bolsonaro, un polémico diputado que enaltece el régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 y es acusado de sostener ideas machistas, racistas, homófobas y xenófobas.

Los propios rectores de algunas de las universidades criticaron el ingreso de los fiscales a los campus universitarios, que gozan de cierta autonomía legal, y las acciones que consideraron contrarias a la libertad de expresión de sus alumnos.

Entre el material retirado estaba una enorme pancarta colgada en la fachada de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal Fluminense (UFF), en Río de Janeiro, en la que los alumnos habían escrito la palabra “Antifascistas”, sustituida después por otra en la que se leía “Censurado”.

La jueza María Aparecida da Costa Bastos, que ordenó esa acción, amenazó con ordenar el arresto de las autoridades de la UFF en caso de que no se retirara la pancarta, que calificó como “propaganda electoral irregular”.

Profesores y alumnos de otras universidades denunciaron que fiscales llegaron a ingresar a salas de aula para buscar supuesto material de campaña, y que confiscaron hasta computadores de algunos despachos administrativos.

Los funcionarios de las universidades, en un comunicado divulgado por sus sindicatos, repudiaron la “extrapolación de las autoridades electorales responsables por el cumplimiento de la ley” y también su “imparcialidad”.

Los jueces electorales, por su parte, alegaron que la ley prohíbe la distribución de propaganda partidaria en edificios públicos, lo cual sostuvieron que incluye a las universidades. EFE