El Ministerio de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) iniciaron hoy el censo penitenciario con el que pretenden conocer la situación de los reclusos y poner fin al problema del hacinamiento, causado, en parte, por la mora judicial y el desconocimiento de sus procesos.


Las labores comenzaron de mañana en uno de los pabellones del Penal Industrial Esperanza, al sur de Asunción, donde los 50 funcionarios encargados del censo colocaron hileras de sillas enfrentadas para hacer las entrevistas a los reclusos.

Este censo no busca quedarse solo en los números, sino que pretende conocer también la situación personal y procesal de los más de 14.000 presos que desbordan el sistema penitenciario paraguayo.

Con una tableta en la mano, los encargados del censo fueron recibiendo uno a uno a los cerca de 260 reos de este penal, ubicado al costado de la cárcel de Tacumbú, una de las mayores del país y con problemas de superpoblación.

Hombres de distintas edades, con procesos de diferente gravedad, se sentaron delante de los funcionarios para responder a sus cuestiones, que iban desde aspectos personales, como cada cuánto tiempo les visita su familia, si se enzarzan en peleas o en qué ocupan su tiempo libre, hasta en qué fase se encuentra su proceso penal.

El objetivo es que esos números del sistema judicial “tengan rostro”, como explicó a los medios el director general de planificación y desarrollo institucional del Ministerio de Justicia, Alejandro Buzo.

“La intención con el censo es poder tener la foto y los datos actuales del sistema penitenciario establecimiento por establecimiento, y que de ahí en adelante haya una red conectada a nivel informativo que permita que el acceso a la información sea en tiempo real para los tomadores de decisión y las partes involucradas”, señaló Buzo.

El Penal Esperanza fue el primero en el que se inició el censo, que seguirá en tres centros más este año, con la visita a la cárcel granja Ko’ê Pyahu, al penal de mujeres “Buen Pastor” y a Tacumbú.

Las tareas se extenderán durante el próximo año para completar el Sistema de Información Penitenciaria del Paraguay (Sippy), con el que el Gobierno espera recabar datos actualizados que “tengan un impacto real en el sistema judicial” y sirvan tanto para aliviar el hacinamiento, con mejor atención a los procesados, como para rediseñar planes de reinserción, como apuntó Buzo.

“Son cerca de 15.000 personas en todo el sistema, pero ese numero se mueve diariamente por las causas, por los procesos… El 80 % son procesados, muchos salen libres, queda extinguida la causa o terminan siendo condenados…”, recordó el funcionario de Justicia.

Esta primera jornada de recolección de datos se realizó de forma tranquila, sin ningún altercado, según comentaron a Efe funcionarios de prisiones, con grupos de 70 internos que iban siendo llamados de uno en uno para responder su cuestionario y tintar su dedo una vez completado.

La novedad de este censo no reside tanto en la forma, sino en el fondo, ya que antes se habían realizado este tipo de trabajos, como señaló el director del registro civil electoral del TSJE, Gustavo Silva.

“Se realizó un trabajo similar (con anterioridad) pero fue más a un nivel documentacional. En esta oportunidad es diferente, porque ya es una entrevista personal con cada interno, con cada persona privada de libertad”, manifestó Silva.

El estancamiento de los procesos judiciales, unido a la mora judicial, hace que muchos de los reclusos se encuentren privados de libertad sin conocer todavía su condena.

Esta situación provoca un problema de hacinamiento en las cárceles paraguayas, con capacidad para 9.000 personas, frente a los casi 15.000 que pueblan sus celdas.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) estima que la tasa de ocupación del sistema penitenciario es del 337,7 %, un hecho que ha obligado al Gobierno a plantear la construcción de cuatro nuevas cárceles.

Fuente: EFE