Varias decenas de estudiantes se manifestaron en Asunción para exigir la "supresión" del Servicio Militar Obligatorio (SMO) y que el dinero invertido en él se destine a la educación, el mismo día en el que varios diputados pidieron eliminar las multas a los incumplidores del SMO.


Los manifestantes, convocados por la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes) lograron cortar el tráfico, en plena hora punta de la tarde, de la avenida Mariscal López, una de las principales arterias de la capital paraguaya, en las inmediaciones de la residencia presidencial.

Al grito de “fuera el servicio militar obligatorio”, los estudiantes trataron de acceder hasta la entrada de dicha residencia, Mburuvicha Róga (Casa del Líder en guaraní), para hacer llegar al presidente, Mario Abdo Benítez, sus demandas, pero la policía les impidió el paso en medio de momentos de tensión.

Los estudiantes manifestaron su “inquietud” por que en “plena democracia” haya habido “147 desaparecidos” mientras cumplían el SMO, explicó a Efe una de las representantes de Fenaes, Antonela Aguilar.

Aguilar añadió que lo que exigen es que, el dinero destinado por el Estado al SMO, “se dedique a la educación básica, que es obligatoria, como dice la Constitución Nacional”, así como que el servicio en el ejército “sea voluntario” y que “seamos libres de elegir lo que queramos hacer”.

También pidieron que los que actualmente se declaran objetores de conciencia “no paguen multa”, al igual que un grupo de diputados de varios partidos que este jueves pidió la celebración de una sesión extraordinaria en el Congreso para debatir la derogación de dichas sanciones por “inconstitucionales”.

Abdo Benítez, preguntado esta mañana sobre el asunto, afirmó hoy que la Ley de Servicio Militar Obligatorio continúa vigente y que su Gobierno busca incentivos para garantizar su cumplimiento, aunque añadió que “no de una manera coercitiva” y señaló que “no hay penas hoy ante el incumplimiento”.

El servicio militar es obligatorio en Paraguay para todos los hombres de entre 17 y 20 años, de acuerdo a una ley aprobada en 1975, durante la dictadora de Alfredo Stroessner (1954-1989).

En 2010, otra ley pasó a regular el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia “por motivos éticos o religiosos”.

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