El Gobierno informó hoy que solicitará que se reconozca un mayor número de testigos en la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que decidirá si el Estado paraguayo es responsable de un caso de torturas de Juan Arrom y Anuncio Martí, que están asilados en Brasil. 


El órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dirimirá el 7 de febrero si Paraguay debe indemnizar con 63 millones de dólares a Juan Arrom y Anuncio Martí, responsables del movimiento político Patria Libre, quienes defienden que fueron torturados en enero de 2002 por los agentes estatales.

El procurador general de Paraguay, Sergio Coscia, calificó hoy como “angustiante” esta demanda e indicó que defenderán sus intereses ante la Corte, según informó la agencia estatal de noticias IP.

El equipo interinstitucional que se encargará de la defensa de Paraguay se reunió hoy en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Coscia argumentó que es inadmisible que el Estado paraguayo deba indemnizar a dos personas que están investigadas por un delito como el secuestro y defendió que tuvieron todas las garantías procesales.

“Esas dos personas estaban siendo procesadas y aprovechándose del debido proceso y de los derechos humanos que le estaba brindando el Estado al someterlos al debido proceso se fugaron del país y obtuvieron un refugio por la situación política de aquel entonces”, señaló.

Con respecto a la audiencia, el procurador general de la República anunció que pedirá que se reconozca un mayor número de testigos porque, según indicó, solamente se ha aceptado el testimonio del doctor Óscar Germán Latorre, mientras que se ha rechazado el de otras 27 personas.

Arrom y Martí fueron procesados por la Justicia paraguaya por su presunta implicación en el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi, esposa de un empresario del país y nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi, que fue liberada a cambio de un millón de dólares.

Los dirigentes argumentaron que fueron interrogados constantemente sobre sus actividades políticas y que les presionaron para declararse culpables del secuestro, según informó la Organización de los Estados Americanos en un comunicado.

Antes del juicio, los dos hombres desaparecieron y fueron liberados con signos de tortura, en un caso que provocó la renuncia de dos ministros y de tres jefes de la policía paraguaya.

El 1 de diciembre de 2003 Brasil decidió reconocer a Arrom y Martí como refugiados políticos y les otorgó la protección para que residan libremente en su territorio.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó a finales del pasado año que Paraguay es responsable de una violación de derechos, argumentando que se quebrantó el “principio de presunción de inocencia de las víctimas al emitir propaganda estatal que los calificaba de responsables de un secuestro sin condena firme”.

Y recomendó a Paraguay resarcir económicamente a los dos dirigentes, así como sufragar los costes derivados de la atención a su salud física y mental, mientras residen en Brasil.

Sin embargo, Paraguay decidió no acometer las recomendaciones, razón por la cual la Comisión sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se reunirá el 7 de febrero.

El Gobierno paraguayo anunció el pasado mes de octubre que volvería a solicitar a Brasil la revocación del estatus de refugiados de Arrom y Martí para que la justicia del país pueda concluir su juicio. EFE

¿Cómo inició el caso de Juan Arrom y Anuncio Martí?

Inició con la denuncia de Marina y Cristina Arrom ante la CIDH el 23 y 27 de setiembre de 2002. Se alegó desaparición y tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí entre los días 17 y 30 de enero de 2002.

La admisibilidad del caso ante la Comisión Interamericana de DDHH se dio el 30 de octubre de 2008.

El informe de fondo 100/17 de la Comisión Interamericana de DDHH del 5 de setiembre de 2017 concluyó que el Estado es responsable de la violacion del derecho a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial. Además le encontró responsable de la violacion de las convenciones interamericanas contra la tortura y la desaparición forzada.

El informe 100/17 recomendó al Estado indemnizar a Arrom, Martí y familiares, además de proveerles asistencia médica y psicológica. También recomendó reabrir y completar la investigación penal para sancionar a los responsables de estos hechos.

El Estado rechazó las recomendaciones y el caso fue elevado a la Corte Interamericana de derechos humanos el 12 de diciembre de 2017.

En su escrito autónomo de demanda Arrom, Martí y familiares solicitaron, además de las medidas ya solicitadas por la Comisión la suma de USD 63.075.000.

La demanda fue contestada por el Estado el 14 de agosto de 2018.

El 7 de febrero de 2019 serán las audiencias públicas para recibir testimonios y presentar alegatos finales orales.

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