La Fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez Astigarraga, participó el viernes pasado en una reunión interinstitucional en la Cancillería Nacional, a fin de tratar la demanda que enfrenta nuestro país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Según los antecedentes del caso, Juan Arrom y Anuncio Martí, sindicados como supuestos autores del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, ocurrido en el 2001, demandaron al Estado Paraguayo por 80 millones de dólares en el año 2002, por la supuesta negligencia en el proceso penal de investigación del presunto secuestro que habrían sufrido, previo a la liberación de la víctima. El caso fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ser tratado y se tiene prevista la realizacion de la Audiencia Publica ante este tribunal el día 7 de febrero de 2019.
En la ultima resolución del Presidente de la Corte Interamericana, este había admitido la declaración oral de uno solo de los seis testigos propuestos por el Estado, negando de esta forma al Paraguay la posibilidad de controvertir los hechos por los cuales se reclama la responsabilidad internacional.

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