El procurador general, Sergio Coscia, señaló que el Gobierno peleará “hasta las últimas consecuencias” en el caso del fallo en contra del Estado paraguayo por la denuncia de Juan Arrom y Anuncio Martí, que obliga a pagar la suma de US$ 63 millones.


Coscia señaló que la recomendación en contra fue comunicada en setiembre de 2017 y contestada el 14 de agosto de 2018, por el anterior procurador, Francisco Barriocanal. A la nueva administración le queda la etapa de los alegatos finales en una audiencia que se realizará el 7 de febrero de 2019.

Juan Arrom y Anuncio Martí denunciaron al Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presunta tortura, ocurrida en el año 2001, mientras eran investigados por el secuestro de María Edith Bordón.

El procurador señaló que el Estado paraguayo realizó una investigación de 3 años de duración, que culminó con el sobreseimiento de los policías denunciados en tres instancias judiciales.

“Hoy en día, en la Justicia paraguaya no existe ningún casual para que sean resarcidos”, afirmó en entrevista con la 730 AM. Sin embargo, agregó que Arrom y Marti se fugaron del país mientras estaban siendo procesados y obtuvieron refugio en Brasil por la situación política de aquel entonces.

Añadió que existe otro inconveniente, ya que la Corte Interamericana no permite que el Paraguay presente en la audiencia del 7 de febrero a los fiscales que llevaron a cabo la investigación por la presunta tortura.

Coscia declaró que el Gobierno “no va a pagar un centavo de esto porque es una sentencia injusta”. Mismo sentimiento compartido por el canciller Luis Castiglioni, quien expresó a través de su cuenta de Twitter que “el Paraguay no se quedará de brazos cruzados frente a criminales secuestradores y prófugos de la Justicia”.

Fuente: Agencia IP

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