El Gobierno de Paraguay consideró que una previsible condena al Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por una denuncia de un caso de torturas en 2002 a dos líderes políticos asilados en Brasil, sería una "barbaridad jurídica", y abrió la puerta a no acatar la sentencia.


La CorteIDH, que hace parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), dirimirá el 7 de febrero si Paraguay debe indemnizar a Juan Arrom y Anuncio Martí, responsables del movimiento político Patria Libre, que denunciaron al Estado por haber sufrido presuntas torturas en enero de ese año.

Ante la posibilidad de que el Estado resulte condenado, el vicecanciller paraguayo, Bernardino Saguier, explicó hoy a Efe que el país “está estudiando muy seriamente la situación”, y que de producirse dicha sentencia, se trataría de una “barbaridad jurídica”.

Arguyó que una “previsible” condena a Paraguay presentaría a “dos delincuentes como inocentes” y que, además, “obligará al Estado a indemnizarles” por unos hechos que, aseguró, son “falsos” y que “quedó demostrado en el juicio celebrado en Paraguay“, donde la causa contra Arrom y Martí es un “caso cerrado”.

En ese sentido, Saguier no confirmó si el país suramericano acatará la sentencia y dijo que “en su momento se conocerá la decisión”, aunque señaló que, de no acatarla, “no sería el primer país que lo hace”.

Este domingo, el canciller paraguayo, Luis Alberto Castiglioni, acusó a la CorteIDH a través de su cuenta de Twitter de “manifiesto parcialismo” en favor de Arrom y Martí, a los que definió de “criminales secuestradores y prófugos de la justicia que pretenden apropiarse del dinero de todos los paraguayos”.

Arrom y Martí fueron procesados por la Justicia paraguaya por su presunta implicación en el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi, esposa de un empresario del país y nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi, que fue liberada a cambio de un millón de dólares.

Los dirigentes argumentaron que fueron interrogados constantemente sobre sus actividades políticas y que les presionaron para declararse culpables del secuestro.

Antes del juicio, los dos hombres desaparecieron y fueron liberados con signos de tortura, en un caso que provocó la renuncia de dos ministros y de tres jefes de la policía paraguaya, y posteriormente huyeron a Brasil, que en 2003 les otorgó el estatus de refugiados políticos.

Ambos pidieron el pago de una indemnización de 63 millones de dólares por esos hechos.

La CorteIDH concluyó a finales del pasado año que Paraguay es responsable de una violación de derechos, porque se quebrantó el “principio de presunción de inocencia de las víctimas al emitir propaganda estatal que los calificaba de responsables de un secuestro sin condena firme”.

La Comisión de Derechos Humanos de la OEA recomendó al país que los resarciera económicamente, pero las autoridades paraguayas no siguieron dicha recomendación, por lo que la Comisión remitió el caso a la jurisdicción de la IDH.

La semana pasada, el Ejecutivo paraguayo pidió a la CorteIDH que se reconozca un mayor número de testigos en la audiencia, ya que solamente se ha aceptado el testimonio de uno de los pedidos por Paraguay, mientras que se ha rechazado el de otras 27 personas.

En octubre Paraguay anunció que volverá a solicitar a Brasil la revocación del estatus de refugiados de Arrom y Martí.

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