La auditoría realizada por el Gobierno a la petrolera estatal Petropar halló "indicios de perjuicio patrimonial" por un valor "estimado" de unos cinco millones de dólares durante la gestión del anterior Gobierno de Horacio Cartes, según detalló el Ejecutivo.


El asesor de Transparencia e Integridad del Ejecutivo, Carlos Arregui explicó hoy a los medios, tras entregar el informe final de la auditoría al presidente, Mario Abdo Benítez,, que el documento será enviado a la Secretaría Nacional Anticorrupción para la “formulación de las denuncias penales correspondientes”.

El asesor gubernamental indicó que dicho perjuicio se produjo “en diferentes modalidades” en los procesos de “concesión de estaciones de servicio”, y ejemplificó que varias de las empresas estudiadas, “estaban en concurso de acreedores” pero “se les siguió otorgando a crédito combustibles” y “sin ninguna garantía”.

Asimismo, afirmó que también encontraron perjuicios patrimoniales en los bienes que la petrolera “había otorgado a una cantidad importante de operadores”, también “sin garantía” y que actualmente “no son reconocidos” por dichas empresas operadoras de las estaciones de servicio.

Arregui subrayó que, de los 150 operadores que en ese rubro tiene Petropar, analizaron un “muestreo de 32 empresas”, que en su totalidad presentaron dichas irregularidades.

Por ello, no descartó que la auditoría derive en una investigación más profunda y que “abarque” un periodo mayor del analizado, que comprendió entre 2016 y 2018, tanto bajo la gestión de la actual presidenta de Petropar, Patricia Samudio, como de su predecesor, Eddie Jara, que dirigió el ente bajo la presidencia de Cartes (2013-2018).

Según Arregui, el daño patrimonial hallado se corresponde con “la administración anterior” y que bajo la gestión de Samudio “no hemos encontrado hechos penalmente relevantes”, aunque admitió que el informe auditor incluye “recomendaciones de mejores prácticas” para el periodo de gestión actual.

El Gobierno de Abdo Benítez inició la auditoría interna a Petropar tras las denuncias de presuntas irregularidades en la gestión de la compañía vertidas por medios de comunicación afines al expresidente Cartes.

Las publicaciones aludían a una transferencia de 43 millones de dólares de la petrolera desde el estatal Banco Nacional de Fomento (BNF) a bancos privados, hecho que contraviene una orden gubernamental que obliga a las instituciones públicas a depositar sus recursos en el BNF.

Sobre el asunto, Arregui afirmó que se encontraron “transferencias de bancos privados a bancos privados”, pero “nunca hubo transferencia del BNF a bancos privados”, y aseveró que “eso es lo que revelan los documentos”.

Añadió que “encontramos que había 14 cuentas (bancarias) y que había transferencias interbancarias de la administración anterior”, mientras que durante la gestión de Samudio, se trasladaron el “96 % de los fondos que estaban en bancos privados al BNF”.

El informe quedó a cargo de las autoridades anticorrupción y no será público hasta que se formulen las denuncias correspondientes, según dijo Arregui.

Fuente: EFE

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