El ministro del Interior de Paraguay, Juan Ernesto Villamayor, calificó de "ilógico" el proceso abierto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra su país, por una denuncia de un caso de torturas en 2002 a dos líderes políticos hoy asilados en Brasil.


Tras una reunión en el Palacio de Gobierno de Asunción, Villamayor afirmó ante los medios que el proceso de la Corte contra Paraguay es “ilógico” porque se lleva a cabo con “fórmulas sesgadas”, que “pretenden analizar todo desde una óptica” y “bloquear” la visión contraria.

El ministro hizo esas declaraciones en referencia al rechazo por parte de la Corte del testimonio de 27 de los 28 testigos propuestos por Paraguay.

El organismo, perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirimirá el 7 de febrero si Paraguay debe indemnizar a Juan Arrom y Anuncio Martí, responsables del movimiento político Patria Libre, que denunciaron al Estado por haber sufrido presuntas torturas en enero de 2002.

Esta semana, el vicecanciller paraguayo, Hugo Saguier, que calificó esos hechos de “falsos”, ante la posibilidad de que el Estado resulte condenado, no confirmó si acatará la sentencia y dijo que “en su momento se conocerá la decisión”, aunque señaló que, de no acatarla, “no sería el primer país que lo hace”.

Arrom y Martí fueron procesados por la Justicia paraguaya por su presunta implicación en el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi, esposa de un empresario del país y nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi, que fue liberada a cambio de un millón de dólares.

Antes del juicio, los dos hombres desaparecieron y fueron liberados con signos de tortura, en un caso que provocó la renuncia de dos ministros y de tres jefes de la policía paraguaya, y posteriormente huyeron a Brasil, que en 2003 les otorgó el estatus de refugiados políticos.

Ambos pidieron el pago de una indemnización de 63 millones de dólares por esos hechos.

Patria Libre, su grupo político, es considerado por las autoridades paraguayas el germen del que surgió la guerrilla Ejército Paraguayo del Pueblo.

La Comisión de Derechos Humanos de la OEA concluyó a finales de 2017 que Paraguay era responsable de una violación de derechos y recomendó al país que les resarciera económicamente, pero ante el incumplimiento de esa recomendación, la Comisión remitió el caso a la jurisdicción de la CorteIDH.

Por otro lado, en octubre pasado Paraguay anunció que volverá a solicitar a Brasil la revocación del estatus de refugiados de Arrom y Martí, para que puedan ser extraditados a Paraguay.

En ese sentido, Villamayor dijo que una posible condena a Paraguay de la CorteIDH “en absoluto” entorpecería ese proceso.

Fuente: EFE

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