Los padres del suboficial de la Policía paraguaya Edelio Morínigo, secuestrado hace cuatro años por la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), se reunieron este viernes con el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien les reiteró el "compromiso" del Gobierno de rescatar "sano y salvo" al agente.


Según informó el ministerio, el encuentro se produjo con objeto de informar a Obdulia Florenciano y a Apolonio Morínigo sobre el “esfuerzo” que están realizando las fuerzas de seguridad para “dar con el paradero” de su hijo.

El suboficial fue secuestrado en julio de 2014 mientras participaba en una partida de caza en el norte del país, la zona en la que actúa el EPP, que entonces ofreció al Gobierno un canje de prisioneros a cambio de entregar a Morínigo, oferta rechazada por el Ejecutivo.

La última prueba de vida que se tiene del agente es un video difundido en octubre de 2014 por el EPP y en abril de 2018 la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) encontró un documento en el que se señalaba que el joven estaba muerto, aunque no se confirmó.

Los padres de Morínigo se reunieron en agosto pasado con el nuevo presidente, Mario Abdo Benítez, quien les aseguró que reforzaría tecnológica y operativamente la FTC, encargada de luchar contra el EPP.

Abdo Benítez ya se entrevistó con ellos en mayo, cuando aún era mandatario electo, y también con la mujer y las hijas del ganadero Félix Urbieta, secuestrado en 2016 por una escisión del EPP, y del que todavía se desconoce su paradero.

Villamayor anunció esta semana una “reestructuración” de la FTC, debido a la falta de resultados, tanto en la lucha contra la guerrilla, como en la localización de los secuestrados.

El ministro aseguró que se produjeron una cadena de fallos de diversa índole, desde organizativos hasta de comunicación, por lo que se requiere una reorganización de la Fuerza.

Asimismo, aseguró conocer, gracias a los servicios de inteligencia, la capacidad operativa de que dispone actualmente el EPP, así como el número de miembros que en él militan, aunque no las precisó por cuestiones de seguridad.

El Gobierno paraguayo atribuye al grupo, fundado en 2008, tres ataques a fincas privadas desde el pasado agosto, el último registrado el 22 de diciembre en una explotación ganadera de San pedro, donde murió un guardia de seguridad.

También le atribuye el secuestro y posterior asesinato de un ciudadano brasileño que trabajaba en una estancia rural del departamento de San Pedro el pasado noviembre. EFE

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