El canciller Luis Alberto Castiglioni, manifestó hoy que el Gobierno observa “cuestionamientos serios” en el proceso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que juzgará supuestas torturas del Estado a dos activistas de izquierda en 2002.


La CorteIDH juzgará la responsabilidad del Estado en el caso de posibles torturas a Juan Arrom y Anuncio Martí, después de que Paraguay no acatara las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos para resarcir a ambos en 2017.

“No nos han admitido a los testigos y peritos que hemos solicitado, apenas han admitido a un testigo por parte del Estado paraguayo. Sin embargo, han admitido a dos testigos y un perito por parte de la defensa de los señores Arrom y Martí”, dijo el canciller.

“Esto nos parece algo muy preocupante, y yo diría hasta grave, y hace que tengamos serios indicios de que no haya la suficiente imparcialidad”, agregó Castiglioni.

Arrom y Martí, con estatus de refugiados políticos en Brasil, recurrieron al órgano interamericano por presuntas torturas de Paraguay en el año 2002, antes de huir a Brasil y evitar así responder ante la Justicia por su supuesta participación en el secuestro de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi.

Castiglioni aseguró que el Estado paraguayo está “muy preocupado” por el desarrollo del proceso y enfatizó que este debe ser “transparente y justo para todas nuestras partes”.

“La sentencia resultante de un proceso en el que no haya procedimientos justos puede ser cuestionada claramente”, señaló el canciller en alusión a un posible fallo negativo para Paraguay, al tiempo que añadió que sería “muy difícil” que el país acate “una sentencia con esas características”.

Además insistió en que las presuntas torturas denunciadas por Arrom y Martí no solo “no existieron”, sino que además la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, máxima instancia judicial del país, ya se pronunció sobre ese caso y resolvió que las personas denunciadas por tortura fueron exoneradas al no tener vinculación.

“El Estado paraguayo ha acercado suficientes pruebas para demostrar fehacientemente que la acusación que se tiene de supuestas torturas realizadas a los señores Arrom y Martí no existieron. De ahí la importancia de que se nos acepten a los testigos y peritos”, adujo Castiglioni.

El canciller aclaró que sus críticas van dirigidas al proceso y no a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ni a la CorteIDH, sino a la “la salud del sistema”.

“Algo está funcionando mal en el sistema. Los órganos no están cumpliendo adecuadamente con la función para la que fueron creados. Hay un problema de desnaturalización de la misión de los órganos”, indicó el canciller, quien avanzó que se están planteando proponer una revisión de sus actuaciones.

Castiglioni también informó de que la defensa paraguaya en este caso está haciendo llegar su preocupación y disconformidad con el procedimiento a los magistrados de la CorteIDH, aunque aseguró que Paraguay sigue “confiando y participando en el proceso”.

Al mismo tiempo que Paraguay se prepara para iniciar este litigio ante la CorteIDH, el país solicitó a Brasil la extradición de Arrom y Martí para que respondan ante la Justicia paraguaya por el secuestro de María Edith Bordón en 2001.

“Ni siquiera se sometieron a la justicia paraguaya. Tenían todos sus derechos precautelados en el sistema paraguayo, tenían todos sus derechos procesales, tenían su defensa, inclusive tenían libertad ambulatoria y, aprovechando esa garantía, huyeron antes de responder en primera instancia”, recordó el canciller.

Paraguay espera que Brasil les revoque a ambos el estatus de refugiado político, algo en lo que esperan tener “mayores posibilidades de imparcialidad” con el nuevo Gobierno de Jair Bolsonaro.

Castiglioni aseguró que, en caso de extradición, el juicio a Arrom y Martí se desarrollará “con todos sus derechos precautelados ante la Justicia paraguaya”. EFE

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