El activista por los derechos humanos Martín Almada, a su vez víctima de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), presentó un recurso de amparo contra la municipalidad de Asunción por negarle información sobre el derribo, hace un año, de una mansión perteneciente a la familia del dictador.


La municipalidad, según explicó el activista, no facilitó la información que este solicitó sobre “la relación histórica de la ocupación” de la mansión y del complejo urbanístico en el que se edificó, una superficie de 7.810 metros cuadrados en el barrio de la Santísima Trinidad de la capital.

Almada añadió que la intendencia tampoco respondió su requerimiento de conocer cómo ese complejo “cayó en manos de la familia de Stroessner”, lo cual denunció como una violación por parte del municipio de la Ley de Acceso a la Información Pública, que obliga a todos los entes públicos a divulgar cualquier información que no esté clasificada como “secreta”.

Asimismo, el premio Nobel alternativo había pedido que se le informase sobre los “planos y permisos” que el consistorio otorgó a la familia de Stroessner para la construcción en su interior de esa mansión, que nunca llegó a ser ocupada y que hace un año fue derribada para la edificación de un moderno edificio.

La finca fue recuperada por la municipalidad de Asunción en 2015, después de que una jueza declarase nulo un documento de permuta, fechado en 1974, en el que el ayuntamiento cedía esos terrenos a la familia del dictador a cambio de otros dos lotes de tierra.

No obstante, la mansión quedó fuera de ese fallo y permaneció como propiedad de la familia de Stroessner.

Almada también había requerido a la intendencia la información referente a los “acuerdos entre la municipalidad y la familia sobre el predio” recuperado y los permisos necesarios para el derribo de la casa y la construcción del nuevo edificio.

El activista aseguró que la municipalidad no contestó el pedido de información en dos ocasiones, por lo que resolvió presentar un “recurso de amparo constitucional” ante la Justicia por la “omisión ilegal” de la obligación de facilitar esa información pública, como recoge la ley de transparencia.

Explicó que si la administración municipal negase la información, dicha denegación “debería haberse hecho por parte de la máxima autoridad”, el intendente Mario Ferreiro.

Asimismo, el recurso añade que se vulneró su “derecho al acceso a la información”, recogido como derecho humano, y su “derecho a la protección de la honra y la dignidad”.

Por su parte, la municipalidad asuncena envió a Almada una “respuesta extemporánea y evasiva” consistente en “una hojita” en la que según el activista no se respondía a ninguna de las peticiones.

Almada, junto a otras víctimas de la dictadura stronista planeaban “convertir la mansión” del dictador en una “universidad pública para los trabajadores”, como medida de “resarcimiento parcial de los daños sociales ocasionados por la dictadura”.

A inicios de febrero se cumplirán 30 años del golpe militar que derribó a Stroessner, cuyo régimen dejó una secuela de 425 desaparecidos o ejecutados y forzó el exilio de 20.814 paraguayos, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia.

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