La red clientelar que instaló el Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) fue una de las claves para que la formación permaneciera en el poder tras la caída del régimen que había apoyado, lo que representa un caso único en Suramérica, según algunos investigadores.


El conservador Partido Colorado ha gobernado en Paraguay desde 1948 hasta el Gobierno actual, presidido por Mario Abdo Benítez, con una única interrupción, entre 2008 y 2012, cuando el exobispo Fernando Lugo alcanzó la Presidencia por el Frente Guasu.

El partido fue uno de los sostenedores de la dictadura, de cuya caída, mediante un golpe militar, se cumplen 30 años este fin de semana.

La politóloga Milda Rivarola explicó a Efe que esa continuidad de la formación es un caso excepcional en el continente, y que ello se debe en parte a que la dictadura estaba “consentida” por algunos sectores sociales de la “clase media” que se favorecieron de los “privilegios” del clientelismo.

Para la investigadora, la caída del dictador, que se exilió en Brasil hasta su muerte en 2006, no supuso “la alternancia de un nuevo partido”, sino que sirvió como “maquillaje externo” para mejorar la percepción que el resto de países tenían sobre Paraguay.

Rivarola también destacó que la formación cambió de mentalidad a partir de los años 50 para convertirse en un “partido populista”, lo que le permitió que su mensaje calara más entre la población.

A ese respecto, el historiador Roberto Paredes subrayó que el Partido Colorado logró ampliar su masa social durante los 35 años que duró la dictadura al instalarse en los “gremios laborales” mediante afiliaciones forzadas.

“Forzaban a la gente a afiliarse para tener un trabajo o para poder acceder a las becas del exterior”, indicó Paredes.

Los dos analistas coinciden en que estas características del régimen paraguayo han influido en el actual sistema político del país y han sido determinantes en la “hegemonía” de los colorados, tanto en el Gobierno central como en los departamentales y en el Congreso.

Rivarola indicó que esa influencia también se puede apreciar en los lazos familiares que unen a algunos de los presidentes de la democracia con dirigentes de la dictadura.

En concreto, señaló los casos del actual mandatario, Mario Abdo Benítez, hijo del secretario privado de Stroessner, o de Luis González Machi, presidente entre 1999 y 2003 y cuyo padre fue ministro de Justicia durante el régimen.

“Se libraron de Stroessner pero no de sus seguidores. Esa gente era hija del stronismo”, señaló la politóloga.

Transcurridos 30 años desde el fin de la dictadura, Rivarola señaló que Paraguay todavía tiene varios “desafíos” hasta alcanzar un mayor grado de democracia.

Uno de ellos es lograr una mayor participación política de “grandes sectores sociales” como “los indígenas, las mujeres y los campesinos” que a su parecer no están representados en las instituciones.

Además, indicó que una “reforma integral” del sistema de partidos, la implementación de la “separación de poderes” o un “mayor control de la corrupción” son las tres áreas donde se necesita avanzar más el país.

Por su parte, Paredes abogó por llevar a cabo “un pacto de entendimiento” entre distintos sectores para analizar cuáles son las mejoras que necesita el país.

“Abdo Benítez debería convocar a un gran debate a partidos, organizaciones sociales, patronal y sindicatos”, expuso.

El escritor señaló que, a diferencia de otras democracias occidentales, Paraguay no ha logrado modernizarse durante la transición democrática por una falta de consenso “entre los agentes sociales”.

Entre las causas pendientes, el historiador insistió en que hay que realizar una valoración sobre los “daños y secuelas” que produjo el golpe militar de 1989, entre “dos sectores en condiciones de extrema violencia”.

Para este sábado esta prevista una marcha en el centro de Asunción bajo el lema Memoria, juicio y castigo, organizada por la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia.

Un total de 20.814 paraguayos se vieron obligados a exiliarse durante la dictadura y 425 personas desaparecieron o fueron ejecutadas, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia.

Fuente: EFE – Carlos Villar Ortiga

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