La delegación que ejercerá la defensa de Paraguay en el caso de los exlideres del extinto Partido Patria Libre, Juan Arrom y Anuncio Martí, quienes denunciaron al Estado por secuestro y torturas en 2002, partió este sábado hacía Costa Rica, donde se encuentra la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).


En la vista, el próximo jueves, la Corte dirimirá las responsabilidades del Estado paraguayo en las supuestas torturas que afirmaron sufrir Juan Arrom y Anuncio Martí en 2002, antes de ser sometidos a juicio por el secuestro, un año antes, de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi.

En caso de ser condenado, Paraguay podría verse obligado por la sentencia a indemnizar a ambos, según se desprende de las recomendaciones que en 2017 hizo al país la Comisión IDH, y que no fueron acatadas, por lo que el caso acabó en la Corte.

Las autoridades sostienen que la Justicia paraguaya ya investigó las presuntas torturas, que considera falsas, ya que fueron desestimadas y absueltos los presuntos autores, algunos de ellos miembros de la policía.

Representantes del Gobierno han manifestado su opinión de que la Corte IDH tiene una “posición sesgada” e ideológica en el caso, por lo que llegaron a plantear abandonar la misma.

No obstante, el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, minimizó recientemente esa posibilidad ya que supondría la “ruptura” del pacto de Costa Rica de 1978 que creó la Comisión y la Corte IDH, lo que implicaría la necesidad de reformar la Constitución del país.

Asimismo, Paraguay ha realizado varios pedidos a la Corte IDH para que admita las declaraciones de los testigos propuestos por la defensa, ya que en diciembre desestimó la comparecencia de la mayoría de ellos.

La defensa paraguaya estará encabezada por el procurador general de la República, Sergio Coscia, e integrada por la directora de Derechos Humanos de la Fiscalía, Alejandra Peralta, y el director de ese departamento en el Ministerio de Exteriores, Marcelo Scappini, según informó hoy el ministerio del Interior.

Además, entre otras autoridades, acudirá a Costa Rica el director de la Asesoría Jurídica de la cartera de Interior, Ramiro Ocampos, y el fiscal adjunto de la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía, Ricardo Merlo.

Paralelamente al proceso, Paraguay solicitó en enero a Brasil que revoque el estatus de refugiados de Arrom, Martí y Víctor Colmán, también involucrado, según la Justicia paraguaya, en el secuestro de Bordón, del que los tres se beneficiaron tras huir a ese país en 2002.

El objeto de ese pedido es que los activistas puedan ser extraditados a Paraguay para ser procesados por el secuestro de la mujer.

Fuente: EFE

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