San José - La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) efectuó este jueves una audiencia por la supuesta desaparición temporal y torturas a dos activistas de izquierda a manos de agentes estatales en 2002, mientras el Estado rechazó los cargos y ligó a los denunciantes con un caso de secuestro.


En la audiencia estuvo presente el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, en calidad de “observador”, en un hecho sin precedente cercano en la CorteIDH, y quien se hizo acompañar de una comitiva de alto nivel y de personas víctimas de secuestros en su país.

En la diligencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente encargado de elevar los casos a la CorteIDH, responsabilizó al Estado de Paraguay por la supuesta desaparición y torturas de los activistas del grupo izquierdista Patria Libre Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez.

La demanda señala que estas personas fueron desaparecidas temporalmente entre el 17 y el 30 de enero de 2002 por agentes estatales, quienes aparentemente los interrogaron sobre sus actividades políticas y los torturaron para que se declararan culpables del secuestro de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi.

La representante de la CIDH, Silvia Serrano, dijo que está comprobado con dictámenes médicos que los dos denunciantes fueron torturados y que el caso “se mantiene en la impunidad”.

“Se cometieron actos de torturas y privación de libertad con la participación o aquiescencia de agentes del Estado”, aseguró Serrano.

La representante de la CIDH señaló que la investigación judicial paraguaya por este caso no fue de oficio y careció de garantías como la debida diligencia y la imparcialidad; trasladó la carga de la prueba a los denunciantes y “estigmatizó a las víctimas”.

En la audiencia rindió testimonio vía vídeo conferencia Arrom Suhurt, en condición de refugiado en Brasil desde 2003, quien relató que fue torturado con el fin de que se inculpara él y a otros movimientos de izquierda y de oposición del secuestro.

Arrom aseguró que en el tiempo que estuvo retenido identificó a un agente policial y conversó con ministros paraguayos, y que posteriormente a su liberación logró identificar a otros supuestos captores.

Añadió dijo que él y Martí fueron encontrados por familiares en la casa en donde estuvieron capturados y que a partir de entonces no contaron con las garantías judiciales para buscar justicia.

En diciembre de 2003 Arrom y Martí obtuvieron el estatus de refugiados en Brasil.

Arrom afirmó que han sido víctimas de “persecución” por parte de altos funcionarios del Gobierno que los califican de secuestradores, que han solicitado a Brasil revocar el refugio y que incluso ofrecieron una recompensa de 100.000 dólares por su captura.

El Estado presentó dos testigos, entre ellos el exfiscal general Oscar Latorre, quien defendió la investigación llevada a cabo sobre la denuncia de desaparición y torturas que derivó en un sobreseimiento de tres funcionarios públicos.

Latorre afirmó que las investigaciones por el caso del secuestro de Bordón, identificaron contactos de Arrom y Martí con líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC), guerrilla a la que responsabilizó de colaborar a instaurar en Paraguay una “industria del secuestro” que dejó al menos 50 personas muertas.

En los alegatos finales orales del Estado, el procurador general de Paraguay, Sergio Coscia, aseguró que las “investigaciones de secuestro se desarrollan con seriedad” y que la indagación por la denuncia de Arrom y Martí “nunca paró”.

El procurador pidió a la CorteIDH que rechace los cargos de torturas y desaparición forzada, pues a su juicio “no pudieron ser probadas” y porque la justicia interna paraguaya investigó y no halló responsabilidad de agentes del Estado.

Coscia concluyó diciendo que los denunciantes han querido evadir los cargos por secuestro y solicitó a la Corte que “dicte un sobreseimiento” a favor del Estado.

Tras concluida la audiencia las partes tienen un mes para presentar los alegatos finales por escrito y a partir de entonces la Corte podrán emitir una sentencia en los siguientes meses.

EFE

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