La Corte analizó la solicitud de medidas provisionales planteada por la defensa, en relación a Juan Arrom, Anuncio Martí, Víctor Colmán y Esperanza Martínez.


La defensa argumentó que las cuatro personas están en “peligro inminente”, porque el gobierno paraguayo solicitó al del Brasil la revocatoria del status de refugiado político de los tres primeros, y una supuesta convocatoria a manifestación frente a la casa de la senadora Esperanza Martínez.

En contrapartida, la Procuraduría General de la República pidió la desestimación de la solicitud de medidas provisionales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo lugar al pedido de la Procuraduría, porque consideró que no existe ningún peligro inminente en relación a las cuatro personas mencionadas. A criterio de los jueces, el gobierno paraguayo está en pleno derecho de solicitar la revocatoria de refugio político, al igual que el Brasil, que tendrá la potestad de concederla o denegarla.

La resolución recuerda al Estado Paraguayo su obligación de garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República, cuyo fundamento es el reconocimiento de la dignidad humana.

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