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El contralor general de la República, Enrique García, opinó acerca de la acción de inconstitucional que presentó la Fiscalía General del Estado, para evitar la auditoría que pretendía realizar en el ente la Contraloría. “Es lamentable. Son temas que tienen que ver con competencias legales, no personales. "No es Enrique García el que audita a Sandra Quiñónez, acá la Contraloría audita a la Fiscalía General”, expresó.


Desde la Fiscalía, habían argumentado que no podían ser auditados en sus gastos reservados por principios de seguridad. Al respecto, García indicó que “no existe posibilidad de tutelar con argumentos legales un blindaje absoluto, en alguna instancia se debe abrir a la auditoria porque esta en la constitución”.

El contralor añadió que más de un centenar de instituciones del Estado han aducido institucionalidad para evitar las auditorías. “Es importante la construcción de la voluntad política porque es un problema político”, aseveró.

La acción de la titular del Ministerio Público va dirigida contra la Ley N° 2248/2003, “Que modifica el artículo 30 de la Ley N° 879 del 2 de diciembre de 1981 Código de Organización Judicial”, por la cual se priva al Tribunal de Cuentas la competencia para juzgar las rendiciones de cuentas de las ejecuciones de inversiones del Presupuesto General de la Nación.

Esto significa que lo que pretende la Fiscalía General del Estado,es que sea el Tribunal de Cuentas y no la Contraloría, el órgano que revise su ejecución presupuestaria.

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