Comunidades indígenas del Bajo Chaco denunciaron este martes que la falta de inversión pública en caminos provocó la muerte de cinco personas en 2018, tres de ellas niños, debido a las dificultades que tienen para desplazarse desde sus aldeas hasta el centro médico más cercano.


Foto: Tierra Viva

Los líderes de los poblados Colonia 96 y Buena Vista, ubicados en la comunidad Payseyamaxrempa’a, explicaron en una rueda de prensa que sus hogares se encuentran a 55 kilómetros de la carretera asfaltada más próxima, lo que les impide recibir asistencia médica en casos de urgencia.

Rosalino Moreira, dirigente de la Colonia 96, relató cómo fallecieron dos de sus cinco hijos, antes de que cumplieran un año de edad, al ser incapaz de evacuarlos a tiempo cuando comenzaron a sufrir fuertes fiebres.

Por su parte, Isabel Rivarola, residente en Buena Vista, indicó que su hijo de 11 años permanece ingresado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias con un cuadro irreversible de meningitis tubercolosa, por el prolongado tiempo que duró su traslado.

El coordinador de la organización de Derechos Humanos Tierraviva, José Paniagua, explicó que la asistencia médica llega a estas aldeas apenas dos o tres veces al año, lo que provoca que pacientes con un fácil tratamiento sufran complicaciones médicas.

De acuerdo a los datos facilitados por Tierraviva, la mayor parte de los casos atendidos en los últimos años corresponden a afecciones respiratorias, desnutrición y parasitosis.

“Vemos con muchísima preocupación el abandono en el que se encuentran estas dos comunidades por parte del Estado paraguayo, teniendo conocimiento de la situación real que afecta a los hombres, mujeres, niños y niñas de las aldeas”, agregó Paniagua.

Ante esta situación, las cerca de 50 familias que conforman la comunidad se han visto obligadas a abandonar sus hogares e instalarse cerca de la ruta que conecta las localidades de Pozo Color y Concepción.

Las dos comunidades presentaron dos recursos de amparo, en los años 2007 y 2016, para exigir a la Administración una atención adecuada en asistencia médica y facilitación de alimentos.

La Justicia paraguaya les dio la razón a su última petición, sin embargo los dirigentes de las aldeas denunciaron que la ayuda apenas duró un par de meses desde que se produjo la resolución.

Sus hogares no disponen de agua corriente ni de electricidad y se encuentran ubicados en un lugar de difícil acceso, ya que están rodeados de establecimientos ganaderos.

Desde Tierraviva achacan parte de estos problemas a que los pobladores no poseen los títulos de propiedad de la tierra, en la que están asentados desde el año 1996, lo que dificulta la inversión pública.

“A varias décadas de haber conseguido sus tierras, aún no tienen el título que pueda darles esa seguridad a los efectos de que esta comunidad pueda ser beneficiaria de proyectos”, añadió Paniagua.

El coordinador realizó un llamamiento público con el objetivo de que el Gobierno “demuestre con acciones claras la voluntad de que esta situación no continúe” y evite que más personas de la comunidad fallezcan por la falta de asistencia.

La población indígena de Paraguay asciende a unas 120.000 personas, el 76 % de las cuales vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales, debido especialmente a la expropiación de sus tierras.

Fuente: EFE

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