La oposición argentina se volcó este miércoles contra el decreto de extinción de dominios firmado de "necesidad y urgencia" el pasado mes de enero por el presidente, Mauricio Macri, que asegura a la Justicia la recuperación para el Estado de los bienes confiscados por la corrupción.


El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó Macri, y que ya es efectivo, requiere para su continuidad del visto bueno de la Cámara de Diputados y de Senadores, cuyo primer paso es un debate de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que este martes se mostró en contra.

El presidente de la comisión, Marcos Cleri, acusó al Ejecutivo de no ofrecer a los argentinos la “unidad” que se precisa.

“La unidad no es para unas elecciones solamente, sino unidad poniéndole límite al brutal avasallamiento que está teniendo el Gobierno nacional”, trasladó el también diputado kirchnerista.

Además, señaló que la Constitución argentina establece que “no se puede llevar a delante un DNU en materia penal, y es taxativo”, por lo que la firma es “claramente inconstitucional”.

Cleri acusó a Macri de anunciar el decreto en enero para “tapar todos los problemas” del país sudamericano.

El denominado proyecto de ley de “extinción de dominio” era impulsado por el Gobierno desde la llegada de Macri a la Presidencia, pero su debate en el Parlamento estaba estancado por lo que Macri se resolvió a sacarlo adelante mediante la firma de un decreto de “necesidad y urgencia” el pasado 21 de enero.

El decreto ordena crear una procuraduría en el Ministerio Público Fiscal que será la encargada de solicitar al fuero Civil y Comercial de la Justicia que se de por extinguido el título de propiedad de un bien ligado a delitos graves bajo investigación de la Justicia penal.

La iniciativa busca acelerar la recuperación de bienes originados en actos de corrupción.

Las autoridades de la Coalición Cívica-ARI se manifestaron contrarios al rechazo de la oposición al DNU, y agregaron que no permitirán que “el peronismo ponga trabas para recuperar lo robado”.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, fue uno de los que se mostró a favor de sancionar la ley, para que “los bienes del narcotráfico y la corrupción vayan a la comunidad”.

El vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, Luis Petri (Cambiemos), también lamentó la falta de acompañamiento de la oposición, y dijo que ha sido una “casi confesión del kirchnerismo respecto de lo que ocurrió en la década” en la que estuvo esta corriente en el poder.

El proyecto de la denominada “ley de extinción de dominio” fue aprobado en junio de 2016 por la Cámara de Diputados y en agosto pasado por el Senado, aunque con modificaciones sobre la iniciativa original.

Por ello, el proyecto retornó a la Cámara Baja, donde su discusión estaba estacada por diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre varios puntos de la norma.

Fuente: EFE

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