Fotógrafos y periodistas realizaron este viernes un "camarazo" en Buenos Aires para repudiar la detención de dos reporteros gráficos durante la cobertura periodística de una manifestación el pasado miércoles.


Bajo el lema “Fotografiar no es delito”, la protesta con las cámaras en alto se realizó en el acceso de un edificio anexo de la Cámara de Diputados de Argentina y fue convocada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).

En el acto, que contó con el apoyo de algunos diputados opositores de organismos de derechos humanos, los participantes repudiaron la detención durante casi once horas de los fotógrafos Bernardino Ávila y Juan Pablo Barrientos.

Ambos reporteros fueron detenidos por la Policía de la ciudad de Buenos Aires mientras cubrían incidentes en una protesta de trabajadores de la cooperativa MadyGraf frente al Congreso argentino.

“Fuimos víctimas de una brutal agresión. Terminamos presos por hacer nuestro trabajo”, dijo Ávila en rueda de prensa.

Barrientos reclamó que la prensa pueda trabajar en la calle “libremente” y denunció que las agresiones “se vienen repitiendo” y las coberturas “se hacen cada vez más cuesta arriba”.

Además de Ávila, del periódico Página/12, y Barrientos, de la revista Crítica, fueron detenidos dos manifestantes de la cooperativa que reclamaban por haber sido excluidos de una licitación del Estado.

Este jueves, Sipreba, ARGRA y la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de la Argentina presentaron ante la Justicia un recurso a favor de los trabajadores de prensa “por encontrarse amenazada su libertad ambulatoria”.

En la presentación, solicitaron que se ordene al Ministerio de Seguridad argentino y al de la capital que “se abstengan de realizar actos que amenacen o perturben la libertad ambulatoria” de los trabajadoras de prensa “mientras ejercen su profesión, especialmente durante la cobertura de manifestaciones y protestas”.

En el recurso, se describen las detenciones de los dos reporteros en los incidentes del pasado miércoles, cuando además, según denunciaron, la Policía golpeó a un periodista que fotografiaba las detenciones.

“Esta violencia ejercida por el Estado no solo afecta los cuerpos de profesionales y trabajadores de prensa, sino también altera el desarrollo de la actividad periodística toda, ya que en estas condiciones es difícil garantizar coberturas informativas sin poner en riesgo a las personas que las realizan”, indica el escrito presentado ante la Justicia. EFE

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