La Fiscalía brasileña le solicitó a la Justicia que le abra un juicio penal por corrupción pasiva al expresidente Michel Temer por su responsabilidad en un caso del pago de un soborno de 500.000 reales (unos 129.870 dólares) en dinero a un auxiliar.


Presidente brasilerño Michel Temer

Se trata de un proceso diferente -de entre los 10 que Temer enfrenta en la Justicia- al que provocó el encarcelamiento del expresidente el jueves de la semana pasada y por el que fue liberado este lunes.

La Fiscalía informó en un comunicado de que la denuncia que había presentado en 2017 ante la Corte Suprema, y que no avanzó debido a que Temer contaba entonces con fuero privilegiado, fue confirmada este martes ante el juez federal de la 15ª corte de Brasilia, a donde el caso fue enviado luego de que Temer fuera sucedido en la Presidencia por el líder ultraderechista Jair Bolsonaro el pasado 1 de enero.

El Ministerio Público aclaró que se trata del caso abierto tras la divulgación de un vídeo en que el entonces diputado Rodrigo Rocha Loures, un cercano auxiliar de Temer y que actuaba como asesor de la Presidencia, aparece recibiendo una maleta con 500.000 reales como parte de un soborno pagado por el gigante cárnico J&F para obtener favores del Gobierno.

De acuerdo con el organismo, la acusación penal es por el crimen de corrupción pasiva por “la recepción de ventaja indebida ofrecida por Joesley Batista (el controlador de la J&F) y entregada por el ejecutivo de la J&F Ricardo Saud”.

La Fiscalía agregó que la denuncia indica que los pagos del gigante cárnico por favores de la Presidencia sumaron 38 millones de reales (unos 9,9 millones de dólares) en nueve meses.

De acuerdo con la denuncia ahora llevada al juez de primera instancia, los pagos se referían a sobornos dirigidos al grupo político liderado por Temer, que ha negado que fuese el beneficiario del dinero incautado en la maleta de Rocha Loures.

El vídeo en que el entonces diputado recibe el dinero fue grabado frente a un restaurante en Sao Paulo el 28 de abril de 2017, un mes y medio después de que Joesley Batista acudiera a una reunión a la residencia presidencial para conversar con Temer sobre medidas del Ejecutivo para beneficiar a la empresa cárnica.

Según la Fiscalía, esa reunión “fue intermediada por Rocha Loures para tratar asuntos no republicanos y para dar inicio a tratos delictivos”.

La petición para que la Justicia le abra un juicio al expresidente se produjo un día después de que Temer fuera puesto en libertad tras pasar cuatro noches en prisión preventiva bajo la sospecha de ser el “líder” de una organización criminal que incurrió en delitos de corrupción durante los últimos 40 años.

La liberación de Temer, de 78 años, fue ordenada por un magistrado de segunda instancia luego de que el juez de primera instancia ordenara el arresto el pasado lunes en el marco de un caso vinculado a la Java Jato, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil.

En este caso, la Fiscalía le acusó de beneficiarse de los sobornos pagados por la constructora Engevix a cambio de favorecer a ésta en contratos con la estatal Eletronuclear, y de ser el “líder” de una organización criminal, que desvió en 40 años cerca de 500 millones de dólares de recursos públicos.

Igualmente, fueron liberados el lunes el exministro Wellington Moreira Franco, un importante aliado de Temer en el partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), así como otros cinco detenidos en el mismo operativo en el que fue capturado Temer.

El magistrado que ordenó la libertad admitió que existen indicios que pueden incriminar a los implicados pero aclaró que la Justicia no puede ordenar la detención preventiva de los acusados debido a que los hechos no han sido probados y a que “no está demostrado” que los sospechosos “atenten contra el orden público”, “oculten pruebas”, u “obstaculicen” las investigaciones.

Con su detención la semana pasada, Temer se convirtió en el segundo presidente de la historia de Brasil en pisar la prisión por un caso vinculado a la Lava Jato tras Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que cumple desde abril del año pasado una condena de 12 años y un mes por corrupción y lavado de activos.

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