Un total de 4,7 millones de niñas y niños argentinos, el 41,2 % de la infancia del país, era "doblemente pobre" en 2018 tanto en el aspecto económico como en el ejercicio de alguno de sus derechos, según un informe difundido este lunes por la Universidad Católica Argentina (UCA).


El Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, mide en su último estudio la pobreza multidimensional de la infancia en seis dimensiones: derecho a la alimentación, al saneamiento, a una vivienda digna, a la atención de la Salud, a la estimulación temprana y a la información.

Asimismo, un 41,2 % de la infancia era “doblemente pobre” (en el ejercicio de derecho y por pobreza monetaria), algo que se incrementó entre 2017 y 2018, con la llegada del Gobierno de Mauricio Macri, en 4,1 puntos porcentuales.

Dentro del 63,4 % de menores que no logran ejercer plenamente al menos uno de los derechos considerados, un 18,9 % no logra hacerlo en niveles “humanamente inaceptables”.

Casi 23 de cada 100 niños tienen carencias en el espacio de la vivienda, seguidos por problemas en el acceso a la información (19,1 %), a los servicios de saneamiento básicos (18,5 %), a la atención de la salud (17,4 %), en la estimulación en los primeros años de vida y en la educación luego (13,4 %), y a la alimentación (8,7 %)

“Sin dudas, lo relevante es que la mayoría de las infancias continúan experimentando privaciones inaceptables en múltiples dimensiones del desarrollo”, señala el informe.

Los adolescentes son los más expuestos a experimentar alguna carencia en el espacio multidimensional de los derechos, y los niños que viven en hogares de “clima educativo bajo”, con padres que no completaron la escuela secundaria, tienen casi tres veces más opciones de tener al menos una privación que sus pares de hogares de clima educativo medio-alto.

Este estudio se publica en medio de la recesión económica que se inició en el segundo trimestre del año pasado, desencadenada por la abrupta caída del peso ante el dólar -que el Gobierno sigue sin lograr frenar- y una sequía que afectó fuertemente a la producción agropecuaria.

La devaluación se trasladó a los precios comunes y elevó la inflación y por ende aumentaron los indicadores de pobreza, que en el segundo semestre de 2018 se ubicó en el 32 % de la población, según los datos oficiales.

Fuente: EFE

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