La Procuraduría General de la República de Brasil presentó un recurso ante la Justicia en el que pidió la suspensión inmediata del decreto mediante el cual el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, flexibilizó la posesión, la venta y el porte de armas en Brasil.


El Ministerio Público pidió en su recurso ante el juez decimoséptimo federal de Brasilia que suspenda la vigencia del decreto por lo menos hasta que la Justicia se pronuncie de forma definitiva sobre la medida.

La iniciativa ha sido considerada inconstitucional por organismos asesores de la Procuraduría, el Senado y la Cámara de Diputados.

El cuestionado decreto ejecutivo, firmado el 7 de mayo pasado por Bolsonaro y que entró en vigor ese mismo día, flexibiliza las normas para la compra, la posesión y el porte de armas y municiones en el país, y amplía la cantidad de categorías profesionales que pueden tener acceso a armas.

De acuerdo con la Procuraduría, el aumento de la comercialización de armas impulsado por el decreto mientras esté en vigencia puede tener «efectos irreversibles» en la seguridad pública del país.

«De hecho, por ser las armas de fuego un bien duradero, el aumento de la comercialización impulsado por el nuevo decreto impactará por décadas en el número de armas en circulación en el país y repercutirá en la seguridad pública del país», alegan los procuradores.

La Procuraduría asegura igualmente que el decreto viola normas del Estatuto del Desarme, una legislación aprobada por el Congreso en 2003, y se extiende a asuntos más allá que los destinados a reglamentar la posesión y venta de armas.

«El decreto, además de no ser de interés para la seguridad pública, la coloca en riesgo», agregan los autores del recurso.

El martes un organismo vinculado al Ministerio Público envió al Congreso, que podrá modificar o anular el decreto del líder ultraderechista, un parecer en el que pide que sea rechazado por los legisladores por ser totalmente inconstitucional.

Las numerosas demandas contra la constitucionalidad de la medida obligaron a la magistrada Rosa Weber, una de las integrantes de la Corte Suprema, a pedirle al mandatario que «explique» los términos de su decreto para poder juzgar la legalidad de la medida.

Tras la serie de críticas a su iniciativa, que fue una de sus promesas de campaña electoral, Bolsonaro admitió que «si el decreto es inconstitucional, entonces tiene que dejar de existir», aunque ha dado a entender que la medida no será suspendida ni retirada por iniciativa propia del Gobierno.

El decreto de Bolsonaro da el derecho a portar armas a políticos que ejerzan un cargo público, camioneros, periodistas que cubran asuntos policiales, cazadores, dueños y socios de clubes de tiro, abogados, agentes de tránsito y residentes en zonas rurales, entre otros.

El decreto también libera la importación de municiones y armas para todas las personas autorizadas a portarlas, previa autorización del Comando del Ejército, que junto con la Policía Federal estará a cargo de la fiscalización de todo lo relativo a los permisos.

Bolsonaro, quien se declara «armamentista», dijo al sancionar el decreto que «la seguridad pública comienza dentro de casa» y que el Gobierno pretende garantizar «el derecho individual de que cada quien que quiera tener y portar un arma de fuego lo pueda hacer», siempre y cuando se atenga a los límites legales.

Las nuevas normas decretadas por el presidente complementan otras anunciadas en enero pasado, que ablandaron las exigencias para la venta de armas a civiles.

Fuente: EFE

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