La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) presentará el material Curuguaty, Hoy, al cumplirse el séptimo aniversario de la masacre.


La presentación será este jueves 13 de junio, 19:00 h., en el Auditorio Ruy Díaz de Guzmán de la Manzana de la Rivera y seguidamente se realizará un conversatorio donde estarán presentes los familiares y víctimas del Caso Curuguaty, y referentes que siguieron de cerca todo el proceso.

El material muestra la situación actual de diversas aristas del caso y hace hincapié en las obligaciones pendientes del Estado paraguayo en torno a las tierras de Marina Kue, el esclarecimiento de los hechos, la investigación de ejecuciones extrajudiciales/torturas, el proceso judicial y la indemnización/reparación de personas afectadas.

Luego de la absolución de los campesinos, el tema central a discutir actualmente tiene que ver con las medidas de reparación a las cuales tienen derecho las víctimas directas y sus familiares, dijo Óscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo de la CODEHUPY.

“Y desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, cobran particular importancia la aplicación de medidas de reparación que tengan que ver con garantías de no repetición de hechos similares, en un país donde hace mucho tiempo se vienen produciendo intervenciones estatales violatorias de derechos”, dijo.

El documental gira en torno a una serie de entrevistas con sobrevivientes, familiares  y analistas, incluyendo el testimonio de los campesinos y campesinas que estuvieron en prisión.

Fue elaborado con el apoyo de Oxfam en Paraguay y forma parte de una campaña a presentarse próximamente a través de redes sociales y medios de prensa, que compartirá el audiovisual en formato de serie, en cinco capítulos.

La entrada será libre y gratuita.

ANTECEDENTES

El 15 de junio de 2012 el Estado paraguayo realizó un desalojo irregular en las tierras conocidas como Marina Kue, a más de 300 kilómetros al Noreste de Asunción, que terminó en la muerte de 11 campesinos y 6 policías.

En el momento del operativo, existían dos procesos judiciales abiertos y sin resolver entre Blas N. Riquelme, empresario y político que se atribuía las tierras, e instituciones del Estado que intentaban demostrar que las tierras eran de su propiedad (Instituto de la Tierra y Procuraduría General de la República).

El episodio representa una de las crisis más grandes de derechos humanos en las últimas décadas, e impactó en la calidad de la democracia de Paraguay.

A la masacre, le siguió la destitución controversial del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, y un proceso judicial que, para justificar los hechos políticos, vulneró todo tipo de derechos y garantías de los campesinos y campesinas acusados.

Tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, emitieron observaciones y requerimientos al Estado paraguayo que siguen pendientes de cumplimiento.

Todas ellas tienen relación con el esclarecimiento de los sucesos y la investigación oficial del caso, en torno a lo cual estos organismos pidieron a Paraguay, concretamente, conformar una comisión independiente de investigación de los hechos, que incluya la investigación de la actuación de fiscales y jueces involucrados en el caso.

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