Los principales clubes de la primera división mostraron este jueves su apoyo unánime al borrador del proyecto de ley en el que trabaja la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para combatir la violencia de los grupos ultras y que incorporará novedades de financiación, prevención y sanciones.


Los dirigentes de once de los doce equipos más importantes del país se reunieron para dar su respaldo a la Ley contra la Violencia en los Eventos Deportivos, seis días después del último enfrentamiento entre barras bravas que se saldó con la muerte de un aficionado por un disparo de bala.

El objetivo que se han marcado es presentar el documento en el Congreso Nacional en un plazo máximo de 22 días, después de haberse reunido también con los grupos parlamentarios, el Ministerio del Interior o la Fiscalía para buscar una norma de consenso.

«La actual ley vigente tiene un sesgo punitivo fundamentalmente y esta ley va a tener un sesgo preventivo», explicó a los medios el vicepresidente de la APF, Carlos Sosa, tras reunirse con los presidentes y delegados de los clubes.

En ese sentido, la nueva normativa desarrollará herramientas para evitar que se lleguen a producir los enfrentamientos violentos, como el establecimiento de controles de alcohol, drogas o detectores de metales en las inmediaciones de los estadios.

Desde la APF también estudian otros sistemas más avanzados como la incorporación de dispositivos tecnológicos que permitan la identificación de los rostros de los aficionados para detectar a los que tengan antecedentes penales.

Aunque Sosa no quiso adelantar el coste económico de llevar adelante estas medidas, sí que advirtió que para poder dar cumplimiento a la ley va a ser necesario aumentar el presupuesto.

«La prevención necesita de infraestructura, lo cual implica inversión, lo que implica necesidad de una fuente de financiamiento», agregó el vicepresidente.

En materia punitiva, la APF también estudia incluir nuevos mecanismos que permitan aplicar sanciones administrativas a los equipos y a los dirigentes cuando no cumplan con la ley.

«Hay un trabajo indudable que tienen que hacer los clubes y es un trabajo difícil. Hay que identificar y expulsar a esos delincuentes que se mimetizan en las hinchadas», enfatizó Sosa.

También se está estudiando revisar el apartado de sanciones para incorporar algunos delitos que no se encuentran tipificados en la anterior normativa.

Paraguay se rige actualmente por la Ley Contra la Violencia en los Estadios Deportivos, una norma aprobada en 2016 y que prohíbe el ingreso a estos escenarios bajo los efectos del alcohol y los estupefacientes, así como portar armas o petardos.

Sin embargo, llevar armas de fuego o elementos cortantes está sancionado con penas de apenas entre cuatro y ocho meses de prisión y con una prohibición de entrada al estadio por un periodo máximo de un año.

Entre los clubes citados este lunes se encontraban, Olimpia y Cerro Porteño, cuyas barras bravas protagonizaron el viernes una pelea durante la disputa de la final metropolitana de fútbol sala.

El presidente de Cerro Porteño, Raúl Zapag, abogó por «desterrar a las barras» violentas del fútbol, a la par que se fomentan «los trabajos sociales con los grupos sociales que están dispuestos a transformarse y a cambiar».

Por su parte, el delegado de Olimpia, José Montero, aseguró que su club «está apoyando enérgicamente este proceso» y se mostró a favor de incluir algunas de las nuevas medidas en los próximos compromisos ligueros.

Los enfrentamientos entre ultras del fútbol paraguayo se han saldado con ocho víctimas mortales en los últimos tres años, según los datos ofrecidos por la Policía Nacional.

Fuente: EFE

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