Dicha medida obedece a la necesidad de dar garantías al propietario de una propiedad privada.


En el Poder Judicial se realizó una reunión interinstitucional, donde fue debatida y consensuada la decisión de dejar sin efecto el protocolo actual que se utiliza en los procedimientos de desalojo de inmuebles invadidos, debido a que anteriormente se establecían procesos y grados que impedían que las normas sean aplicadas de manera inmediata.

“Hemos discutido plena y ampliamente sobre las normas y procedimientos de origen no legislativo que bloquean, inmovilizan y retardan innecesariamente el accionar de los organismos del Estado que tienen como finalidad preservar los derechos de la gente”, explicó en este sentido el ministro Juan Ernesto Villamayor.

Sostuvo que, en consecuencia, se resolvió volver al imperio exclusivo de la Ley, trabajando todas las instituciones competentes en conjunto, para que la Ley sea aplicada y así preservar los derechos ciudadanos.

“Esto implica analizar, cosa que hemos hecho, la existencia (actual) de un protocolo que creaba normas procesales suplementarias no previstas en la norma de fondo, con lo que hemos decidido avanzar en este momento y en dejar sin efecto el protocolo que regula los procedimientos que guardan relación con la expulsión de invasores de propiedades privadas”, señaló el ministro del Interior.

De este modo, las instituciones asumieron el compromiso de aplicar la Constitución Nacional y las Leyes, dentro del orden de prelación que establece la Carta Magna.

Al respecto, el ministro Villamayor subrayó que se retorna a la aplicación exclusiva de la norma con la responsabilidad que tiene que asumir cada institución del Estado en dicho proceso, como la responsabilidad que asume la Policía Nacional con el Ministerio del Interior, la responsabilidad que asumen los agentes fiscales con la Fiscalía General del Estado y la responsabilidad que tiene el Poder Judicial con la Corte Suprema de Justicia.

Además del ministro Juan Ernesto Villamayor, también participaron de la reunión el viceministro de Seguridad Interna, Hugo Sosa Pasmor; la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón; el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti; el presidente de la Unión Industrial del Paraguay (UIP); Gustavo Volpe; y representantes del Ministerio Público y de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), entre otras autoridades.

Fuente: Ministerio del Interior.

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