Las comunidades indígenas de Ecuador que llevan ocho días encabezando las protestas contra los ajustes económicos anunciados por el Gobierno de Lenín Moreno buscan mantener el pulso en la calle. Los manifestantes han optado por una estrategia de desgaste. Este viernes volvieron a marchar a la Asamblea Nacional después de que se unieran a la movilización los grupos llegados de la región amazónica. En las proximidades del Parlamento se registraron nuevos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que intentaron dispersar a los opositores con gases lacrimógenos.


Moreno hizo este viernes un llamamiento al diálogo, pero los indígenas, como ya habían hecho en otras ocasiones desde que comenzaron las protestan, han rechazado iniciar una negociación con el Gobierno. “El país debe recuperar la calma, que el país sepa que tenemos la voluntad del diálogo”, ha asegurado el mandatario. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jaime Vargas, ya había descalificado la propuesta del Ejecutivo anteriormente al considerarla una “fantochada”. “La tarea es ir a la lucha, renovar fuerzas y sostener los bloqueos de vías y las tomas de gobernaciones y edificios públicos”, manifestó a través de un comunicado de la organización. La advertencia fue clara: “Esto no para hasta que el FMI salga del Ecuador”. El mandatario adoptó la semana pasada una serie de recortes, conocidos como paquetazo, que incluyen una polémica eliminación del subsidio a la gasolina. En la práctica se traduce en una subida de algo más de 10 céntimos de dólar, divisa oficial del país, por litro. La medida llega en un contexto de déficit fiscal al alza y meses después de que el Gobierno pactara con el Fondo Monetario Internacional un crédito de 4.200 millones. Moreno busca un ahorro anual de 1.400 millones, pero ha obtenido como contrapartida unas protestas que no tienen viso de cesar, al menos corto plazo.
A los manifestantes indígenas, que el miércoles marcharon de forma pacífica durante una jornada de paro nacional, se han sumado además otros grupos, que incluyen sindicalistas, estudiantes y organizaciones próximas al anterior Ejecutivo, encabezado por Rafael Correa. Ha habido casos de violencia, saqueos, disturbios y, según la Defensoría del Pueblo, cinco personas han muerto en medio de las movilizaciones, entre ellas un dirigente indígena. El Gobierno, que ha recibido más de un toque de atención de organismos internacionales por uso excesivo de la fuerza, rebaja esa cifra a dos. Moreno ha recibido, en cualquier caso, el apoyo explícito de Estados Unidos, al menos siete países latinoamericanos, España y del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

El mandatario ha aclarado que todos los pasos de los últimos días -incluido el discutido traslado de la sede del Gobierno de Quito a Guayaquil- están previstos por la Constitución y el jueves avisó de que cumplirá “con la defensa de la democracia, la libertad y la paz”. “Una gran parte de los recursos que se generarán con las decisiones tomadas son para los sectores más necesitados y nuestros hermanos indígenas”, aseguró en una entrevista en NTN24.

Sin embargo, el anuncio prematuro de la instalación de una mesa de diálogo con la medicación de Naciones Unidas y la conferencia episcopal molestó a los dirigentes indígenas. Aún no había nada cerrado, y el paquete de ofertas del Ejecutivo es por ahora insuficiente, según los organizadores de las marchas. Estas comunidades tuvieron un papel decisivo en la caída de tres presidentes: Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad en la década de los noventa y Lucio Gutiérrez en 2005. Eso no ocurrió de un día para otro sino que la erosión fue paulatina.

En esta ocasión, Moreno ha responsabilizado abiertamente a su antecesor, con quien rompió tras asumir el cargo, e incluso a ramificaciones del chavismo de estar detrás de las protestas. El régimen de Nicolás Maduro tenía en Ecuador a un aliado y lo perdió cuando Correa dejó la presidencia. Las autoridades, que no han presentado aún evidencias, insisten en esa tesis al igual que otros Gobiernos de la región. El exmandatario, que ha negado rotundamente dirigir las movilizaciones, las ha aplaudido y ha pedido un adelanto electoral. Hoy está inmerso en una decena de procedimientos judiciales desde que abandonó el país para irse a Bélgica, aunque nunca ha dejado de hacer política en Ecuador y se ha convertido en el mayor adversario del actual presidente, tras haberlo apoyado e impulsado para que ganara las elecciones de 2017.

Fuente: El País

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