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Con 10 de 11 votos a favor, concejales de Lambaré aprobaron la intervención a la gestión del intendente Armando Gómez. Las autoridades del legislativo se expidieron luego de sesionar en una dependencia de la Comisaría 4º, lugar al cual se dirigieron para reunirse debido a que funcionarios obstaculizaron el ingreso al edificio comunal.


En un primer momento, los concejales que se disponían a acudir al recinto de la Junta Municipal no pudieron sesionar debido a que funcionarios obstaculizaron el ingreso al edificio. Entonces las autoridades se trasladaron hasta la Comisaría Cuarta, ubicada a una cuadra de la Municipalidad. Con once de doce presentes, en una habitación de la dependencia policial, deliberaron por varias horas.

La sesión extraordinaria se llevó a cabo motivada por denuncias de presuntas irregularidades en el manejo de recursos por parte de la administración del Intendente Gómez, incluyéndose la falta de pago de salarios a funcionarios por aproximadamente tres meses. Las deliberaciones se dieron con presencia ininterrumpida del Grupo Especial de Operaciones, que instaló un cerco frente a la comisaría a fin de garantizar el curso normal del debate y salvaguardar la integridad de los concejales.

En todo momento se mantuvieron apostados en las inmediaciones funcionarios que apoyan la gestión de Armando Gómez, sosteniendo que existe un trasfondo político partidario dentro de la situación y que las mismas autoridades del legislativo municipal habrían solicitado un crédito para pago de salarios que ellos mismos estarían truncando.

Los concejales, al terminar de deliberar, tuvieron que salir escoltados por antimotines y en un vehículo blindado del GEO para que pueda garantizarse la seguridad de los mismos. De la sesión participaron los ediles Víctor Silvera, Adolfo Sosa, Blas Delgado, María Gloria Valenzuela, Nelson Medina, Santiago Maldonado, Guido González, Luis Paccielo, Lorenzo Mendieta, Daniel Molinas y Fernando Báez, presidente de la Junta Municipal. Adolfo Lezcano, de la ANR , estuvo ausente por problemas de salud.

El pedido de intervención queda ahora a cargo de la Cámara de Diputados que ya había rechazado una anterior solicitud hace dos años.

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