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Los propietarios de las viviendas intervenidas con criaderos de mosquitos se exponen a una pena privativa de libertad de cinco años o una multa alrededor de 500 a 1500 jornales, según la fiscala Lisa Martínez.


Sobre las viviendas con criaderos, los propietarias de la vivienda podrían presentarse a una pena de hasta cinco años y una multa de 500 a 1500 jornales. En esta semana nos está tocando intervenir cinco viviendas en el radio de Asunción y Lambaré (…) Lo que nosotros estamos buscando es que sea el fin de todo y que no vuelva acumular la basura”, aseveró la fiscala.

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