La fiscal general del Estado, Dra. Sandra Quiñonez, resolvió conformar equipos de trabajos de agentes fiscales para que estén presto en caso que se requiera tomar intervención y ejercer la representación legal en la investigación de hechos que podrían tener relevancia penal en varias penitenciarías nacionales del país.


La labor de los grupos de representantes fiscales estará coordinada por la fiscal adjunta Gilda Villalba, quien trabajará con los demás fiscales adjuntos de las diferentes áreas, según el siguiente esquema:

Penitenciaría de Tacumbú: fiscal adjunto Jorge Sosa y los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Seguridad y Convivencia de las Personas, Eugenio Ocampos y Juan Carlos Ruíz Díaz.

Penitenciaría de Emboscada: fiscal adjunto Roberto Zacarías y los agentes fiscales de Emboscada, Gedeón Escobar y Carlos Maldonado.

Penitenciaría de San Pedro del Ycuamandiyú: fiscal adjunto Federico Espinoza, y los agentes fiscales Fani Aguilera y Jorge Encina, de San Pedro y de Santa Rosa del Aguaray, respectivamente.

Penitenciaría de San Juan Bautista, Misiones: fiscal adjunto Federico Espinosa y los agentes fiscales Eduardo Alegre y Pedro Duarte, de San Juan Bautista y de Santa Rosa, respectivamente.

Penitenciaría de Encarnación: fiscal adjunto Edgar Moreno y los agentes fiscales de Encarnación, Enrique Díaz y María del Carmen Palazón.
Penitenciaría de Ciudad del Este: fiscal adjunto Edgar Moreno y los agentes fiscales de Ciudad del Este, Alcides Giménez y Cinthia Leiva.

Penitenciaría de Coronel Oviedo: fiscal adjunta Gilda Villalba y los agentes fiscales de Coronel Oviedo, Norma Ortíz (de turno) y Fermín  Segovia (delegado).

Penitenciaría de Pedro Juan Caballero: fiscal adjunto César González y los agentes fiscales de Pedro J. Caballero, Sandra Díaz y Katia Uemura.

Penitenciaría de Concepción: fiscal adjunto César González y los agentes fiscales de Concepción, María Esther Giménez y Leticia Del Puerto.
Penitenciaría de Villarrica: fiscal adjunto Celso Sanabria y los agentes fiscales de Villarrica, Carlos Alvarenga y Agustina Unger.

El Ministerio Público adopta estas medidas tras las informaciones divulgadas por los medios de prensa de supuestas amenazas realizadas por reclusos de varias penitenciarías, que podrían constituir hechos punibles.

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