A dos años de ganar las elecciones, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, encara el reto de frenar la expansión del COVID-19 y de contener su impacto económico en un país que sigue sin paliar las deficiencias de su sistema de salud pública y las urgencias de la franja pobre de la población.


Se trata del mayor desafío del mandatario, del conservador Partido Colorado, desde que el 22 de abril de 2018 se impusiera en las elecciones presidenciales a Efraín Alegre, del Partido Liberal.

Y desde que el año pasado un acuerdo de energía con Brasil, firmado en mayo pero en conocimiento público unos meses después, le dejara contra las cuerdas y al borde del juicio político.

Su Gobierno ha respondido a la actual situación con unas tempranas medidas de aislamiento y también con un endeudamiento para contener las consecuencias sociales de ese confinamiento y al mismo tiempo robustecer la red sanitaria.

Y con la convocatoria de un mesa que aglutine a todos los sectores sociales y políticos para tratar una reforma estructural del Estado, con la sobredimensión del funcionariado en el punto de mira.

GANANDO TIEMPO A LA PANDEMIA

Paraguay, con unos siete millones de habitantes, registra hasta la fecha 9 muertes y 213 casos de coronavirus.

El Gobierno atribuye esas cifras a unas medidas de emergencia aplicadas con prontitud y acatadas por la ciudadanía, bajo restricciones de circulación durante las 24 horas del día, salvo para actividades indispensables.

Ello dentro de una estrategia que contenga los contagios y al mismo tiempo conceda un valioso margen de tiempo al Ejecutivo para habilitar un sistema sanitario históricamente desbordado.

Pero con la consecuencia de un parón económico que golpea a los sectores más débiles del país, con predominio del trabajo informal y que en 2018 contaba con 1.679.000 habitantes (el 24,2 %) en situación de pobreza, según datos oficiales.

SUBSIDIOS Y CRÉDITO

Para aliviar ese impacto, el Gobierno ha respondido con una ley de emergencia que contempla una línea de crédito de 1.600 millones de dólares, que elevará la deuda pública de Paraguay hasta el 25 o el 27 % de Producto Interno Bruto (PIB).

Al mismo tiempo se ha dispuesto una entrega mensual por tres meses de unos 82 dólares, un 25 % por ciento del salario básico (331 dólares) para los sectores más desfavorecidos y sin aportes a la seguridad social.

Para los inscritos en la seguridad social, se estableció un pago fijo del 50 % por ciento del salario básico hasta el equivalente a dos pagas mensuales (678 dólares).

Sin embargo algunos analistas recomiendan mayores desembolsos, aunque sea a costa de más endeudamiento.

La izquierda, por su parte, insiste en una reforma tributaria que cargue sobre quienes más tienen.

El Frente Guasu, tercera fuerza del país, propone aumentar los ingresos del Estado de forma urgente e incluyendo un impuesto extraordinario a los patrimonios más elevados y a las grandes extensiones de tierra.

Algo que no entra en los planes de Abdo Benítez ni de su ministro de Hacienda, Benigno López.

«No encuentro ningún argumento que pueda sostener que tengamos que empezar hablar en un momento de inestabilidad y desaceleración económica mundial de mayores cargar al sector productivo», dijo hoy el presidente a los medios.

Ello en la línea del sector empresarial, que advierte de que una subida de la presión tributaria generará más desempleo y recesión en lugar de ingresos al Estado.

EL OGRO FILANTRÓPICO

Una de las iniciativas del Gobierno en el marco de la COVID-19 fue el anuncio, a finales de marzo, de una mesa de diálogo para consensuar una reforma estructural del Estado entre los tres poderes, partidos y la sociedad civil.

La convocatoria se hizo junto al anuncio de recortes de salarios durante tres meses de funcionarios altos y medios, con objeto de transferir esas reducciones al fondo de emergencia de contención del coronavirus.

Los recortes incluyen a los altos funcionarios de las dos Binacionales, la hidroeléctrica de Yacyretá, compartida con Argentina, e Itaipú, con Brasil, y vista por parte de la ciudadanía como una clase privilegiada.

A lo que se sumó la semana pasada el Senado, que aprobó recortes y la supresión bonos de combustible, viáticos, telefonía e incentivos por acudir al trabajo de parte de ese funcionariado, inflado y copado por las familias políticas del Gobierno de turno.

Iniciativas que se interpretan como un guiño a una población que cumple pacientemente la cuarentena por la pandemia y está a la espera de que se flexibilice la normativa para incorporarse a la actividad laboral. EFE

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