Ante la amenaza del COVID-19, la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables, dependiente del Viceministerio de Política Criminal, trabaja de cerca con los juzgados de ejecución a fin de conseguir celeridad en el caso de las personas privadas de libertad (PPL) que se encuentran en situación de riesgo.


Foto ilustrativa.

Según la lista elaborada por la mencionada dependencia ministerial, existen 74 PPL con enfermedades crónicas, 28 mujeres embarazadas y 105 adultos mayores que deben ser atendidas de manera prioritaria.
“La lista que manejamos corresponde a las personas más vulnerables dentro del sistema penitenciario, es por eso que estamos articulando los trabajos con los distintos juzgados de ejecución para conseguir alternativas a fin de que puedan egresar de los centros penitenciarios”, explicó el Director de Atención a Grupos Vulnerables, Víctor Manuel Benítez Salinas, quien visitó el Juzgado de Ejecución N° 4 de Capital y el Juzgado de Ejecución de Caacupé para que las PPL vulnerables y en grupos de riesgo sean beneficiados con medidas menos gravosas según corresponda.

Cabe mencionar que en el marco de éste trabajo articulado entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial a través de los Juzgados de Ejecución ya se realizaron cuatro audiencias, en las cuales 3 personas fueron beneficiadas con libertad condicional.

 

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