Filipinas, el país con las cárceles más saturadas del mundo, tiene previsto liberar a unos 100 presos por semana gracias a nuevas regulaciones para combatir la pandemia de COVID-19, que ya han permitido la excarcelación de casi 10.000 reclusos.


El presidente filipino, Rodrigo Duterte, anunció estas medidas, que facilitan la concesión de la libertad condicional y bajo fianza, para aliviar la presión en las cárceles en el informe semanal -al que tuvo acceso Efe- que envía al Congreso para informar de su respuesta a la pandemia, en virtud de los «poderes especiales» que le otorgó la Cámara Baja.

Filipinas tiene el sistema penitenciario más congestionado del mundo, con un número total de presos que excede en un 500 % la capacidad de sus cárceles, por lo que organizaciones dentro y fuera del país han pedido reiteradamente al gobierno desde el inicio de la pandemia que se excarcele a presos condenados por delitos menores, así como a ancianos y enfermos.

El Departamento de Justicia ha aprobado nuevas directrices para la liberación de presos por razones humanitarias que entrarán en vigor a partir del 15 de mayo, como reducir la edad mínima para solicitar clemencia de los 70 a los 65 años, eliminar algunos requerimientos para la libertad condicional y reducir el monto de las fianzas.

La Corte Suprema anunció el viernes que entre el 17 de marzo y el 29 de abril se liberó a 9.731 presos, que habían sido condenados a menos de 6 meses de prisión, o que no habían podido permitirse el pago de la fianza, junto con algunos ancianos y enfermos.

La COVID-19 ya ha entrado en los centros penitenciarios filipinos con la confirmación de unos 500 casos y 5 muertes en el conjunto de las prisiones del país. El peor brote está en la ciudad de Cebú, donde sus dos cárceles suman 348 infectados y un fallecido.

Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) sospechan que el gobierno está ocultando el impacto de la pandemia dentro de las prisiones, ya que, según entrevistas con reclusos, en el último mes han fallecido al menos 8 presos con síntomas de COVID-19 de los que no se ha informado oficialmente.

«Las muertes de presos sin reportar muestran la urgente necesidad del gobierno de Duterte de ser transparente sobre la propagación de la COVID-19 en las hacinadas prisiones del país», señaló en un comunicado el subdirector de HRW para Asia, Phil Robertson.

Familiares de los 609 presos políticos que hay en el país enviaron hace un mes una carta al Supremo solicitando una amnistía para estos prisioneros -de los que 47 son mayores de 65 años y 63 están enfermos-, petición que de momento no ha sido atendida.

Con capacidad para 40.000 reclusos, las cárceles filipinas albergan más de 215.000 presos -el 75 % de ellos en prisión preventiva a la espera de juicio-, un hacinamiento que empeoró con la guerra contra las drogas emprendida por Duterte. EFE

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