Este martes el agente fiscal Diego Arzamendia de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, llevó a cabo una serie de allanamientos conjuntamente con la Policía Nacional, en la Gobernación de Caazapá y en simultáneo, el parque de maquinarias viales de dicha institución. La diligencia se llevó a cabo a raíz de denuncias efectuadas por los concejales departamentales Rodrigo Miño y Wilson López en torno a supuestas reparaciones que nunca fueron realizadas.


Las denuncias fueron realizadas en el marco de la licitación pública 04/2019, convocada por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Caazapa, en la cual resultó adjudicada la firma MGE de Moisés Gustavo Eisenhut para la reparación y mantenimiento de maquinarias, camionetas y camiones de la Gobernación de Caazapá.

El  documento se firmó el 8 de noviembre del 2019 y el monto asciende a la suma de G. 747.474.693 para un total de 22 ítems de servicios.

Presuntamente, luego de tres meses de celebrarse el contrato, la Gobernación habría ordenado el pago de casi la totalidad del monto establecido, sin que en realidad estos servicios hayan sido prestados. Es decir, se habría ejecutado pagos por trabajos no realizados, ya que algunas maquinarias supestamente reparadas se encontraban en deshuso y varadas en el parque automotor.

Procedimiento

En función a la denuncia recibida, el Ministerio Público realizó las primeras diligencias, basadas en reunir elementos de convicción. En ese sentido, se  allanó la Gobernación de Caazapá, donde se incautaron documentos relacionados al hecho investigado, los cuales serán analizados minuciosamente para cotejar los pagos efectuados y los trabajos realizados hasta la fecha.

Asimismo, se llevó a cabo un procedimiento en el parque automotor de dicha institución para la inspección física del estado actual de las maquinarias que forman parte del contrato de referencia.  Se constató que algunas se encontraban fuera de funcionamiento y otra en plena etapa de reparación.

Por último, el operativo se efectuó en el taller, donde la firma adjudicada fijó domicilio y supuestamente operaba. El lugar no contaba con las condiciones mínimas exigidas en el contrato de adjudicación y el titular del local afirmó que realizó trabajos de reparaciones para la Gobernación pero no tenía los documentos que acreditan la realización o en su caso, la entrega de esos trabajos. En el momento de la constitución no se encontraba en el sitio ningún móvil o maquinaria perteneciente a la Gobernación de la mencionada ciudad.

Fuente: Ministerio Público

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