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La fiscala Victoria Acuña se refirió a la condena del exministro de la SEN, Camilo Soares y de Alfredo Guachiré, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones. Sostuvo que hasta que la sentencia del Tribunal no quede firme, no se cumplirá e no irán prisión. Si la defensa de los condenados presenta una apelación, el Tribunal de Apelaciones debe resolver para posteriormente dar cumplimiento o no a la condena.


«El Tribunal hoy les condenó a 5 años de pena privativa de libertad, pero hasta esta sentencia no quede firme no se dará cumplimiento. Eso significa una vez que, seguramente la defensa apelará, una vez que resuelva el Tribunal de Apelaciones se dará cumplimiento» dijo la fiscala.

Este viernes, se llevó a cabo el juicio contra el extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional, Camilo Soares y de Alfredo Guachiré, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones, acusados por los delitos de Lesión de Confianza. Soares fue condenado a 5 años y Guachiré a 3 años 9 meses, de pena privativa de libertad tras ser hallados culpables. La fiscala de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Victoria Acuña representó al Ministerio Público

“Habían dos hechos por los cuales fue acusado: uno era por compra de alimentos de primera necesidad (…)  que se compraron entre el 21 y 24 de diciembre de 2009 y lo que el Ministerio Público sostuvo es que en esa oportunidad se compraron por precios mayores esos mismos productos en otra licitación el día 17 de diciembre y con esa diferencia de precio había un perjuicio patrimonial de 943 millones de guaraníes (…); el otro hecho era la famosa compra de coquito de oro”, refirió la fiscala.

En su argumento, el presidente del Tribunal manifestó que existió un “simulacro de concurso” referente al manejo de las Licitaciones Públicas referente al caso analizado y que Soares era ordenador de gastos y responsable en ese momento, y que existió un gasto innecesario resultando en un despilfarro de dinero de Estado.

La causa inició en abril de 2010, por supuestos hechos de corrupción en la Secretaria de Emergencia Nacional. Durante la administración de Camilo Soares, entre el 15 de agosto del 2008 y el 23 de abril del 2010, se produjo una supuesta sobrefacturación de G. 1.224.976.100 en la compra de alimentos que debían ser destinados a familias afectadas por la sequía de los departamentos Ñeembucú, Concepción, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, que fueron declarados en emergencia. El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por el juez Juan Carlos Zárate e integrado por María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro.

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