En el marco del Juicio Oral y Público contra el exministro de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, José María Orué Rolandi, quien está acusado por la supuesta comisión del hecho punible de Lesión de Confianza, los agentes fiscales Rodrigo Estigarribia y Luis Piñanez, requirieron en representación del Ministerio Público la condena de 7 años y 10 meses de cárcel para el encausado.


En la oportunidad, los fiscales presentaron sus alegatos finales mediante los cuales sustentaron el pedido del fallo condenatorio para Orúe Rolandi. El Ministerio Público requirió igualmente que sean revocadas las medidas alternativas y se haga efectiva la prisión preventiva.

El Tribunal de Sentencia integrado por los magistrados Laura Ocampo, Juan Carlos zarate y Fabián Winsense, deberá resolver el dictamen de la pena.

En torno al caso son igualmente juzgados la directora de Planificación, Laura Aida Gamarra; la nutricionista Gloria Betina Arroyo Vázquez; la jefa de Evaluación, María Araceli Cotillo Rolón; el director administrativo, Carlos Alberto Centurión González.

Antecedentes

Según los antecedentes, el 12 de diciembre de 2012, Orué en su carácter de autoridad supuestamente habría autorizado a la Dirección General de Administración y Finanzas iniciar el procedimiento para el llamado a licitación por subasta a la baja electrónica.

El llamado fue supuestamente ejecutado sin la realización de cálculos de proyección de insumos alimenticios que serían necesarios para el cumplimiento de los programas Abrazo y PAINAC, teniendo en cuenta que el pedido presentado por la nutricionista de la Dirección de Protección y Promoción de Derechos de dicha Secretaría, Sandra Burgos – encargada de realizar el cálculo para los programas – fue solo para la elaboración del menú alimentario que sería proporcionado a los niños durante el transcurso del año 2013.

Sin embargo, el llamado a licitación fue realizado de forma plurianual, y el pedido confeccionado para un año fue modificado para dos. De esto surgió el indicio de que hubo presuntamente un cambio, de tal manera que el contrato pueda extenderse para así utilizar la totalidad de lo presupuestado para el rubro.

El 27 de diciembre de 2012, el acusado designó como miembros del comité de evaluación de ofertas para el llamado de adquisición de productos alimenticios a los encausados Gamarra, Arroyo, Cotillo y Centurión.

Si bien se presentaron cuatro empresas oferentes, Granos y Aceites SACIA fue adjudicada en 11 de los 12 lotes, presentando en la mayoría, el precio más alto o siendo la única oferente.

Por otro lado, se habría hecho un contrato cerrado cuando no se sabía la cantidad de beneficiarios y además los productos adjudicados no cumplen supuestamente con el plan nutricional adecuado, ya que se adquirieron algunos productos de más y otros nunca fueron entregados.

Fuente: Ministerio Público

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