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Luis Ávila, miembro de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), sostuvo que el proyecto de “Ley de preferencia” no trasgrede acuerdos internacionale, sin embargo, aseguró que “sí estamos yendo en contra de las industrias radicadas en esos países que verían perjudicados los negocios que tienen cuando venden al Estado paraguayo en su compra pública”.


Sobre notas remitidas por Argentina, Brasil y Uruguay:

«La misma nota, en el párrafo 4, si bien es cierto el protocolo de compras públicas del Mercosur no esta vigente, es importante tenerlo en cuenta, ellos dicen que hay una normativa del Mercosur que no esta vigente aún que es el protocolo de compras públicas del 2017. Entonces dicen que no esta vigente pero iría en contra, entonces a nivel del Mercosur no trasgredimos nada, no estamos yendo en contra de nada, lo que sí estamos yendo en contra de las industrias radicadas en esos países que verían perjudicados los negocios que tienen cuando venden al Estado paraguayo en su compra pública», señaló.

«Las mismas notas remitidas por los países vecinos, por la Triple Alianza nueva que se generó en contra del margen de preferencia, hay que recordar que Argentina envió una nota y Brasil y Uruguay enviaron otra nota en conjunto, protestando por la posible promulgación de la Ley. Es interesante porque si te fijas esta redactado con el mismo tenor y con los mismos términos, solo que Brasil en Portugués y Argentina en español y los dos hacen mención a la alta preocupación “que generó en los industriales argentinos por los perjuicios que va a significar para su industria la implementación de este margen de preferencia y que también afectaría a las inversiones argentinas radicadas en Paraguay”, o sea, por nota dicen ellos que “nuestras industrias están preocupadas porque van a perder negocios en Paraguay”», manifestó.

Cabe recordar que el proyecto de ley pretendía modificar los mecanismos de apoyo a la producción a través de los procesos de contrataciones públicas, vetado por el Ejecutivo, ya que supuestamente ponía en riesgo acuerdos internacionales debido a que pretende que las empresas locales puedan ofrecer sus productos y servicios hasta un 40 por ciento más en las compras del Estado.

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