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La fiscala Karina Liz Caballero confirmó haber recibido amenazas tras la imputación a Javier Díaz de Vivar y a sus hermanas Cristina Victoria y María Esther por falsificación de documentos en el marco de una disputa de sucesión de acciones de una empresa. Caballero además, fue recusada de la causa. 


Caballero dijo que aún no quiere dar detalles sobre las amenazas pero que realizará la denuncia por los conductos correspondientes. «No me gusta llevar a la prensa, yo soy abogada y me defiendo con la lapicera», aseguró.

Agregó que la recusación llama la atención ya que el caso estuvo parado por tres años y que incluso no llegó a acceder al texto de recusación por lo rápido que se dio el hecho. «El 27 presentamos la imputación e inmediatamente me recusaron y me bloquearon los accesos en el sistema electrónico, no puedo acceder más al expediente», acotó.

«Se presentó la acusación y ya me recusaron. Mi unidad ahora está cerrada por posible contagio de COVID, pero me llama muchísimo la atención en cuanto a cómo se comportan. Estalla una bomba y al primero al que le miran es al fiscal y no miran otra parte, están los abogados también», dijo.

La causa

La denuncia fue radicada por Gustavo Antonio Díaz de Vivar en representación de su madre, María del Pilar de Díaz de Vivar, por presunta falsificación de firmas en actas de la empresa Castilla S.A. con el presunto fin de impedir la venta de acciones.

La imputación indica que Javier Díaz de Vivar presentó ante el juez que tramitaba la sucesión de los bienes de su padre, que unas acciones de la referida empresa correspondían a su madre, y solicitó que se imponga una medida de no innovar para evitar la venta de las mismas, pero lo habría hecho arrimando un documento con la firma falsificada de Gustavo Díaz de Vivar.

En otras palabras el documento poseía una firma apócrifa del causante para obtener una Medida Cautelar de prohibición de innovar y contratar sobre 540 acciones de Castilla S.A. del causante, medida emitida por el Juzgado en diciembre de 2017.

Caballero afirmó que tras la pericia realizada se pudo constatar que no corresponde con la firma atribuida al denunciante.

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