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El titular de ESSAP, Natalicio Chase sostuvo que de darse el rechazo al veto a la Ley de exoneración de facturas emitidas durante la pandemia sería un impacto gravísimo para la empresa y aseguró que no tendrían “ni siquiera para pagar sueldos”. Agregó que no cuentan con recursos para sostener un “impacto de ese tamaño”.


«Es un impacto imposible de sostener por ESSAP, nosotros no tenemos recursos para sostener un impacto de ese tamaño, sobre todo sumando la condición financiera que tiene Essap en este momento por la falta de pago de la gente, al no existir corte de servicios tenemos una morosidad muy elevada de todos los usuarios porque no se hacen cortes. Entonces eso sumado al capitulo de lo que se está tratando en ambas cámaras va a ser imposible sostener para nosotros, vamos a tener que recibir alguna ayuda de algún lado, no sabemos si de una fuente de préstamo o del gobierno central», refirió.

«El impacto directo para nosotros es la cancelación de un mes de facturación. La ley dice que se anularán todas las facturas que no fueron emitidas en base a lecturas del medidor, nosotros tuvimos en abril una facturación por promedios históricos los últimos seis meses y eso se anularía si se divide en 18 meses», mencionó.

El alto funcionario estatal detalló que desde inicio de la pandemia, la institución dejó de percibir unos 95.000 millones de guaraníes tras la suspensión de cobros. “A esto se sumaría estos 45.000 millones de guaraníes, entonces tenemos una situación financiera delicada en estos momentos y veremos cómo salimos de esta porque la Ley no prevé de donde saldrán los recursos pero esperemos que eso se tenga en cuenta si es que se aprueba”, refirió.

Mencionó igualmente que el tema fue tratado con el ministro de Hacienda, Benigno López, durante la reunión del Consejo de Empresas Públicas. Advirtió que de prosperar la iniciativa parlamentaria atravesarían por un inconveniente “gravísimo”, ya que no tendrían “ni siquiera para pagar sueldos” a sus funcionarios.

La Cámara de Senadores rechazó la semana pasada el veto del Poder Ejecutivo, ratificándose  en la versión del Congreso que establece la exoneración de todas las facturas emitidas sin lectura de medidor por un plazo de seis meses, tanto de la ANDE como la Essap.