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El director de Investigación de la CONACOM, Gustavo Benítez manifestó que en la investigación que se realiza a las tres empresas vinculadas al clan Ferreira, se encontraron varios indicios de que las empresas pactaron en licitaciones para la entrega de productos al Estado.


“Ya estamos hablando de una investigación que comenzó en abril a partir de información que ese divulgó por los medios y pedimos la apertura de una investigación a 3 empresas, las cuales nosotros entendemos que desde el punto de vista de lo que dispone nuestro marco normativo, deberían actuar como competidores ante oferentes ante convocantes a licitaciones públicas”, mencionó.

Las tres empresas son: Imedic SA, Eurotec SA y Medical Pharma SA relacionadas al clan Ferreira.

“Estamos en la investigación y encontramos una serie de indicios que a nosotros nos indica la posibilidad o el indicio de que se estarían coludiendo, estarían no compitiendo en las licitaciones públicas, por eso es que nosotros abrimos una investigación”, señaló.

Mencionó que se está analizando 8 licitaciones distintas. “De todas estas 8 licitaciones nosotros encontramos indicios que nos llevan a pensar que podrían existir una colusión”, refirió.

Dijo que una vez que la CONACOM abre la investigación, tiene 90 días para llegar a “como digamos una imputación”. No quiso adelantar cuando sería aplicada la “imputación”, “pero yo sí creo que hay un cumulo interesante de datos que nos hacen suponer que se dio estos indicios”, dijo.

“Yo creo que se hace una cita finalmente de lo que dispone el artículo 40 inciso “G” de la Ley de Contrataciones Públicas. Ahí tiene una prohibición de que empresas que estén vinculadas, en el sentido de tener socios o asociados entre estas dos empresas, pujen por el mismo ítem. Pueden estar compitiendo dentro de la misma licitación, siempre y cuando no pujen por el mismo ítem. Eso permite la normativa. Ahora bien, a nosotros de todas maneras nos llama la atención que exista otro tipo de vínculos, como por ejemplo algún vínculo filial o vínculo familiar. A nosotros nos sigue llamando la atención que yo pueda hablar o que yo tenga un relacionamiento con un competidor con quien tengo que competir a la hora de hacer una oferta al Estado, a mí me llama la atención eso”, señaló.

“En cuanto lo que tenga que ver a las declaraciones juradas, quiénes van a ser oferentes tienen que hacer una declaración jurada de que no están en curso en ninguno de los de las prohibiciones del artículo 40 entre todos sus incisos, entre ellos está el G. Quiere decir que prestaron declaraciones juradas que no están vinculados o que no tienen vinculados ni socios que estén participando o que formen parte de otras empresas que estén participando de la oferta del mismo ítem. Entonces ahí podría encontrarse una cuestión”, explicó.

En cuando a la aplicación de sanciones a las empresas, citó el Artículo 63, inciso C, de la Ley Nº 4.956/13 de Defensa de la Competencia: “La aplicación de multas de hasta el equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) de los lucros obtenidos con la práctica infractora o hasta el 20% (veinte por ciento) de la facturación bruta por la venta de los productos objeto de la práctica infractora en el mercado relevante afectado en los últimos 12 (doce) meses, contados desde el inicio del sumario administrativo, excluidos los impuestos. Estas multas no podrán ser inferiores a la ventaja obtenida, cuando esta sea cuantificable”.

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