Más de 12.000 denuncias por violencia familiar se reportaron en Paraguay durante el primer semestre de 2020, con un aumento de registros a partir de marzo como causa de las medidas de aislamiento social establecidas ante la aparición de la COVID-19, informó la Fiscalía.


Una conclusión de trabajo de la Oficina de Género señala que en marzo, inicio de la cuarentena, ascendieron los registros diarios de 61 a 72 casos, y que este hecho «en parte es resultado de la dinámica del aislamiento social».

El informe advierte que el confinamiento «pone en una situación más vulnerable a las víctimas frente al agresor» al aumentar la tensión y el estrés por la preocupación por otros factores como la seguridad, la salud y el dinero.

Refiere que «las redes de apoyo pueden verse interrumpidas lo que puede generar dificultades para animarse a denunciar y la víctima también se enfrenta a sus propias limitaciones económicas».

Y resalta que «mientras a la víctima se le dificulta acceder a recursos de ayuda por las restricciones de movilidad, comunicación y la dependencia, la prioridad de los estados es la pandemia», por lo que advierte que esta situación puede derivar en niveles extremos de abuso como feminicidios y homicidios.

Por el ello, la oficina especializada del Ministerio Público está enfocando la campaña de concienciación «Aislamiento sin Violencia familiar» con el objetivo de instar a las víctimas, el entorno o testigos de hechos de violencia a denunciar los maltratos.

La iniciativa abarca más allá y hace hincapié no solo en casos de violencia de género sino también en maltrato de niños y niñas, de abuso sexual infantil o en personas indefensas y vulnerables
En el caso de mujeres con parejas violentas, el aislamiento «es una situación perfecta» que puede ser aprovechado por el agresor para «ejercer un comportamiento controlador, dominante en casa mientras a la Víctima se le dificulta acceder a recursos de ayuda», recalca el informe.

Sin embargo, destaca que las redes sociales son una herramienta importante como una forma «allanar obstáculos» para el acceso a la justicia y que a través de este mecanismo la unidad especializada de la Fiscalía ha tomado intervención. EFE

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